La entidad informó a través de un comunicado que Picap, sus contratistas y empleados, en cabeza de Héctor Neira, representante legal de la compañía que se presentaba públicamente con el alias de ‘Camilo Rodríguez’, presentaron las acciones para contrarrestar las decisiones de las autoridades en su contra; sin embargo, se les cayeron todas por la naturaleza del servicio que ofrecía la ‘app’.

Dentro de las decisiones judiciales adoptadas en contra de Picap, la superintendencia destacó la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resaltó que no era posible otorgar un amparo constitucional frente a una actividad que no ha sido autorizada en el país (mototaxismo).

“Frente a esta actividad se han impartido instrucciones a las autoridades locales para restringirla”, indicó el tribunal, según la Supertransporte.

La superintendencia recordó que como resultado de varias investigaciones en contra de esta compañía, se tomó la decisión de someterla a control, por lo que también se convocó a liquidación judicial y se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades para que indagaran presuntas conductas ilícitas.

“Es muy importante que los jueces constitucionales hayan hecho explícito que el transporte ilegal no merece protección de la Constitución Política.  Estamos adelantando más acciones en nuestra lucha contra la ilegalidad y la protección de los derechos de los usuarios del sector, para que todos sigamos construyendo el país que queremos”, dijo Camilo Pabón, superintendente de Transporte.