Se acercan las elecciones regionales (se celebrarán en octubre) y es común que a su celular llegue publicidad política en correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y cadenas por WhatsApp.
Sin embargo, la Superintendencia advirtió que, de no contar con los permisos y autorizaciones pertinentes, los candidatos de todo el país y sus colectividades podrían tener multas de hasta 1.600 millones de pesos por esta molesta práctica.
La observación de la autoridad se dio después de que recibió cinco denuncias ciudadanas en las que le piden investigar a los candidatos y sus partidos porque, en la mayoría de casos, “no han autorizado el tratamiento de sus datos personales de contacto”.
Además, los denunciantes solicitaron que se elimine su información o que se les deje de contactar para dicho fin sin que se respete su decisión.
“Son contactados insistentemente lo cual hace que se sientan asediados o molestos por esa situación”, dijo la SIC.
La Superintendencia le exigió a los políticos respetar y garantizar el derecho de supresión de los datos personales de contacto cuando son utilizados para fines de marketing o publicidad de ese tipo.
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