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Escrito por:  Sebastian Alfonso
Redactor     Ago 15, 2024 - 10:06 am

Absoluto revuelo ha ocasionado la propuesta del presidente Gustavo Petro de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero, cuyo objetivo es aumentar el crédito a las micro y medianas empresas como un instrumento de recuperación económica.

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En términos más sencillos, el mandatario explicó que desea manejar un porcentaje del ahorro que tienen las personas en los bancos para ofrecer créditos a actividades de producción con tasas de interés más bajas.

“Queremos ir al Congreso con dos proyectos o dos bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura”, explicó Petro.

Su idea toca directamente la plata que los ciudadanos han guardado en los bancos. Por lo tanto, se levantó una oleada de críticas, ya que expertos económicos, los gremios y la banca privada han cuestionado los efectos que puede tener de dicha medida.

Frente al enorme desacuerdo, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, salió a desmentir que el objetivo de dicho proyecto sea expropiar los ahorros de los colombianos. 

La funcionaria, investigada por la chuzadas a su exniñera Marelbys Meza, no entregó mayores detalles de la controversial idea, pero con su publicación respondió los señalamientos del expresidente Iván Duque, quien calificó las inversiones forzosas como expropiación.

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“Lo que llaman ‘inversiones forzosas’ no es otra cosa que el inicio del ‘exprópiese’ de los ahorros de la gente en los bancos”, aseguró el exmandatario, sumándose a las opiniones negativas sobre esa idea.

En respuesta a esa dura afirmación, Gustavo Petro argumentó que la inversión forzosa es una práctica establecida en el sector agrícola desde hace décadas, citando como ejemplos al Banco Agrario y Finagro.

El presidente insistió en que la propuesta no implica expropiación, sino una reorientación de los créditos bancarios hacia sectores productivos que no suelen acceder a préstamos.

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