Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, explicó que la ley obliga a las empresas a agotar todos los recursos, y demostrarlo, para acceder a los medidores, incluso apelando a fotos que les manden los mismos usuarios.

Sin embargo, esto no se habría cumplido meses atrás y en medio de la pandemia por el COVID-19 que vive el país Enel Codensa, el Acueducto de Bogotá y otras empresas acudieron a una jugada: no midieron el consumo real, sino que promediaron con base en registros de meses anteriores.

La superservicios explicó a Noticias Caracol que el 80 % de las quejas que llegaron en los meses pasados, en el marco de la emergencia, en primera instancia se remiten a las empresas de servicios públicos porque son las que, a primer término, deben responderles a los usuarios.

De acuerdo con Avendaño, las empresas solo pueden facturar en promedio en casos en los que haya imposibilidad de acceder al equipo de medida. Sin embargo, en este caso los empleados de las empresas de servicios públicos estaban excluidos de la cuarentena y podían llegar hasta las casas y hogares.

“Vamos a entrar en la etapa de revisar si la empresa hizo todo lo posible para acceder al equipo de medida”, explicó la superintendente en ese noticiero.

Avendaño enfatizó en que, con base en las elevadas facturas, las empresas tienen la obligación de pronunciarse y responderles a los usuarios y explicar qué fue lo que pasó.

“Corregir en el caso de que haya una irregularidad porque no es normal ese cambio”, dijo la superintendente, y agregó que la empresa de servicios públicos que más quejas tiene es Electricaribe.

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Por otra parte, la superintendente también habló de Vanti y la tildó de ser una de las empresas por las que más se quejan los colombianos.

“La primera es Electricaribe, sigue Codensa y después Vanti y el Acueducto de Bogotá”, informó Avendaño.

Nota: la versión inicial de este artículo fue modificada porque Vanti no fue incluida en la investigación preliminar de la Superservicios.