Luego del anuncio del Ministerio de Transporte de someter a control a Viva Air, se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se encuentra investigando quién dio la orden de parar súbitamente las operaciones de Viva Air.

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Para determinar tal fin, la Superintendencia de Transporte ordenó a Fast Colombia S.A.S (Viva Air) que, en un plazo de dos días (contados a partir de la notificación de la resolución), deberá presentar un reporte de información necesaria que permita determinar el órgano de administración o agente externo que tomó la decisión administrativa y operativa de suspender la prestación del servicio público aéreo, así como los análisis técnicos, administrativos y financieros en que se soportó esta decisión.

“En el requerimiento de información, se deberá igualmente reportar la información que permita calificar la diligencia o negligencia con la que actúo la compañía para la necesaria protección de los derechos de sus usuarios, dadas las circunstancias en que sabía que se encontraba y reportando la evidencia de los análisis y esfuerzos realizados sobre estos relevantes aspectos en el proceso de adopción de su decisión unilateral de suspender operaciones, sobre todo considerando que era consciente de los incalculables perjuicios que acarreaba”, dicta la resolución de Supertransporte.

Las investigaciones por parte de la SIC arrancaron el pasado jueves con dos operaciones simultáneas a las sedes administrativas de Viva Air en Rionegro, Antioquia; y de Avianca en Bogotá.

“Aquí el lío es que se demuestre si esa decisión de parar las operaciones de Viva vino o no de Avianca. Porque, aunque Avianca ha salido a defenderse, quedan en entre dicho muchas cosas, como que el presidente de Avianca, Adrián Neuhaser; y el Consejero General de la Aerolínea, Richard Galindo, salieron del país el mismo día que iniciaron las visitas de la SIC, y a pesar de ser citados a declaraciones presenciales, de obligatorio cumplimiento”, explicó Jorge Sánchez, ex delegado del consumidor y de competencia de la SIC.

Y es que según se ha conocido, la SIC obtuvo información sobre acciones que comprobarían la integración no autorizada, como la compra de combustible para los aviones en donde Avianca y Viva ya vendrían actuando de común acuerdo sobre la selección de proveedores y los precios por el galón de alto octanaje.

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Así, de acuerdo con Sánchez, en caso tal de que lo anterior se llegue a comprobar, se impondría a las dos aerolíneas la mayor multa en la historia de la aviación en el país: $8 billones, equivalentes al 20% del patrimonio de las compañías.

Cabe anotar que este requerimiento de la SIC es apenas una parte de todo un paquete de medidas impuestas a Viva.

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