La intervención de la Sopersociedades a Real Business S.A.S. la adelantó su Delegatura de Procesos de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, con la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad y de María Camila Morales Gaviria y Andryun Ríos Góez, responsables de la operación.
La pirámide y las personas que la operaban —explicó la Supersociedades en un comunicado— captaron recursos de al menos 4.743 personas, y hasta ahora las autoridades han logrado establecer que se captaron ilegalmente recursos al menos por 11.903’682.000 pesos, recibiendo supuestas inversiones que iban desde 100.000 pesos hasta 50 millones de pesos.
Los captadores ofrecían el retorno de la inversión, más rentabilidades fijas entre el 3 % y 9 %, en 12 meses, “sin explicación financiera razonable, y sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios”, subraya la Supersociedades en su despacho.
“Cuando la inversión era superior a 10 millones de pesos se presentaba a través de un ‘contrato de mandato en administración de aportes económicos para actividad comercial’”, agrega la entidad en otro aparte.
También destacó que el esquema de captación ilegal funcionaba activamente a través de redes sociales como Instagram, correo electrónico y voz a voz, “con la fachada de apoyar emprendimientos, con énfasis en el empoderamiento de mujeres y la promesa de invertir los recursos captados en operaciones de trading e inversiones en activos financieros o en Criptoactivos”.
De acuerdo a la información de la Superintendencia Financiera, ni Real Business S.A.S. ni Morales Gaviria ni Ríos Góez están autorizados para administrar fondos de inversión colectiva, y no existen evidencias de que se hayan adelantado operaciones de inversión con los dineros recibidos. Por todo esto, se configuró la captación ilegal de recursos del público.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en esquemas de captación ilegal, que pueden ser identificados cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero”, dijo el Superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González, citado en el comunicado. “Es importante que antes de hacer cualquier inversión verifiquen si las actividades están autorizadas”.
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La apertura del proceso contra Real Business S.A.S., Morales Gaviria y Ríos Góez comenzó por la remisión de la actuación administrativa por parte de la Superintendencia Financiera, que ordenó la suspensión inmediata de las operaciones que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público, la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente y la remisión a la Supersociedades para la intervención.
Adicionalmente, la Superintendencia Financiera remitió este expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo que sea de su competencia.
La intervención estatal en cabeza de la Supersociedades, de acuerdo con el Decreto Ley 4334 de 2008, tiene dos objetivos fundamentales: suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados. Dentro del proceso fue designado como interventor Andrés Felipe Zuluaga Sierra.
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