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La reciente implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % sobre los depósitos en plataformas de apuestas en línea en Colombia ha repercutido severamente en la financiación del sector salud, especialmente en los recursos destinados al régimen subsidiado. De acuerdo con cifras divulgadas por la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), en el último mes libre de este impuesto, los operadores legales de apuestas realizaron aportes mensuales por aproximadamente 40.000 millones de pesos en derechos de explotación. Sin embargo, entre marzo y junio de 2024, ese promedio descendió a 28.000 millones de pesos mensuales, reflejando una caída del 30 % en los recursos disponibles para el sistema de salud.
Los derechos de explotación, equivalentes al 15 % del ingreso operativo real que generan las plataformas reglamentadas, se dirigen directamente a financiar el sistema de salud colombiano. En 2024, este sector alcanzó aportes mayores a 436.000 millones de pesos al régimen subsidiado, según datos oficiales recopilados por Fecoljuegos. Evert Montero Cárdenas, presidente de la federación, manifestó su inquietud por la sostenida reducción, advirtiendo sobre la amenaza que esto representa para millones de ciudadanos que dependen fundamentalmente del acceso a la salud pública financiada por estos fondos. Además, recalcó que los operadores, con el fin de no traspasar la carga fiscal al usuario y evitar la migración hacia plataformas ilegales, han asumido directamente este impuesto, disminuyendo así sus márgenes y poniendo en entredicho la viabilidad del sector y sus contribuciones.
Colombia constituye un caso destacado en la región, ya que fue pionera en Latinoamérica en la regulación de las apuestas en línea mediante la ley 1551 de 2012, lo que dio origen a Coljuegos, la entidad encargada de supervisar y regular esta industria. Esta regulación no solamente garantizó mayores estándares de seguridad, sino que también contribuyó notablemente a la captación fiscal para sectores como salud y educación. Sin embargo, estudios de la Universidad de los Andes advierten que cambios fiscales abruptos pueden poner en peligro el equilibrio entre la protección del usuario, la captación de aportes y la estabilidad de las plataformas legales. En efecto, mayores cargas fiscales tienden a incentivar la migración hacia operadores no regulados, con la consiguiente pérdida de recursos públicos y aumento de riesgos para los jugadores.
La experiencia internacional refuerza estos hallazgos. Por ejemplo, un informe de la Comisión de Regulación de Juegos de Azar del Reino Unido documentó que impuestos demasiado altos en el sector promueven el crecimiento de plataformas offshore no reguladas. El resultado es una reducción neta en la recaudación y una exposición mayor de los ciudadanos a riesgos sociales y económicos.
El impacto económico es especialmente sensible en el régimen subsidiado en salud, del cual dependen más de 25 millones de colombianos en situación vulnerable. Según reportes del Ministerio de Salud, los juegos de azar regulados llegaron a representar cerca del 10 % del total de recursos de este sistema en 2023. Por ello, cualquier variación sustancial en su aporte puede traducirse en dificultades para sostener cobertura y calidad de los servicios de salud a nivel nacional.
Voceros de Fecoljuegos y expertos analistas han remarcado la necesidad de encontrar un punto de equilibrio fiscal: una política impositiva que no castigue la formalidad, preserve el empleo generado por el sector y asegure ingresos destinados a fines sociales. En este contexto, la industria no sólo genera aportes directos, sino que también estimula la innovación, el empleo formal y la seguridad digital, aspectos relevantes para la economía nacional.
De cara al futuro, persiste el reto para las autoridades y legisladores: diseñar políticas fiscales que incentiven la permanencia y expansión de operadores legales, mantengan los recursos esenciales para salud y eviten el desplazamiento hacia el juego ilegal. Monica García, experta en regulación de mercados digitales, subraya que solo una visión integral permitirá un sistema sostenible, que maximice la recaudación sin comprometer el bienestar social ni la integridad del mercado regulado.
En síntesis, la imposición del IVA al juego en línea está provocando efectos secundarios graves para la sostenibilidad del sistema regulado y para el financiamiento de la salud pública. El desafío de crear un marco fiscal equilibrado se vuelve prioritario para el Estado colombiano, que debe garantizar tanto la recaudación como el desarrollo ordenado y responsable de la industria.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es el régimen subsidiado de salud y por qué depende de estos recursos?
El régimen subsidiado de salud en Colombia es el sistema mediante el cual el Estado financia el acceso a los servicios de salud para las personas con menores recursos económicos o en situación de desempleo. Este modelo depende en parte de las transferencias de sectores como el de juegos de suerte y azar regulados, cuyos aportes permiten mantener niveles de cobertura y calidad en los servicios. Los recursos derivados de derechos de explotación de las apuestas en línea son, por tanto, vitales para garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de este régimen.
Cuando disminuyen los ingresos provenientes de industrias reguladas, el régimen subsidiado enfrenta un riesgo de déficit que puede afectar tanto la cobertura como la calidad del acceso a la salud. Por ello, cada decisión fiscal en torno a sectores aportantes como las apuestas online incide directamente en la capacidad del Estado para asegurar derechos fundamentales a millones de colombianos.
¿Por qué migran los usuarios a plataformas ilegales cuando aumentan los impuestos?
Al incrementarse los impuestos o cargas sobre las apuestas en línea reguladas, los operadores legales enfrentan mayores costos y, en algunos casos, se ven forzados a transferir parte de estos incrementos a los usuarios, encareciendo la experiencia. Esto puede motivar a los jugadores a buscar alternativas más económicas, muchas veces en plataformas ilegales o no reguladas que no pagan impuestos ni cumplen estándares de seguridad.
Dicha migración no solo compromete la recaudación fiscal, sino que pone en riesgo a los usuarios, quienes pueden verse expuestos a fraudes, falta de mecanismos de protección al consumidor y problemas asociados a la adicción al juego, debido a la ausencia de regulaciones y controles estrictos.
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