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El reciente comunicado oficial de Hocol, en respuesta a las investigaciones periodísticas de La Silla Vacía y Noticias Caracol, ha puesto en el centro del debate las complejidades y retos de la gestión de proyectos energéticos en Colombia, especialmente en lo relacionado con el gas natural licuado (GNL). Hocol, filial del grupo estatal Ecopetrol, rechazó tajantemente haber recibido instrucciones por parte de Ecopetrol, su Junta Directiva o entes gubernamentales para iniciar acuerdos con la firma GAXI S.A. La comunicación subraya que las actuaciones de Luis Enrique Rojas, expresidente de la compañía, incluyendo las negociaciones con GAXI S.A., fueron decisiones personales, ajenas a la institucionalidad empresarial.
La controversia gira en torno a la posibilidad de evaluar e impulsar un proyecto de instalación de una Unidad de Regasificación Flotante (FSRU, por su sigla en inglés) en La Guajira, articulado a través de GAXI S.A. y posiblemente vinculado al Grupo Fox de México. De acuerdo con el comunicado, Hocol limita sus responsabilidades al desarrollo tradicional de hidrocarburos, recalcando que la importación de GNL es competencia exclusiva de Ecopetrol. El caso tomó forma el 31 de octubre de 2024, cuando Rojas delegó a Germán Mutis, líder de nuevos negocios de Hocol, la revisión de la propuesta, lo que llevó a la firma de un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) y un Memorando de Entendimiento (MDE) restrictivos y sin efecto obligatorio. Estas acciones se realizaron sin la aprobación de la Junta Directiva ni la notificación a Ecopetrol, según información original del caso.
Para comprender el trasfondo, es relevante destacar que este tipo de negociaciones implican elevados niveles de complejidad técnica, financiera y política debido a su impacto estratégico en la matriz energética del país. La Guajira, región caracterizada por su valor geoenergético y altos índices de vulnerabilidad social, ha sido referenciada en múltiples análisis como clave para la diversificación energética nacional. La alternativa de una FSRU permitiría importar gas desde embarcaciones offshore, facilitando el abastecimiento ante eventuales déficit y brindando mayor flexibilidad contractual respecto a modelos tradicionales de suministro, tal como apuntan informes de la CEPAL y del Instituto de Políticas Públicas de Energía.
Diversos estudios coinciden en la importancia de la transparencia en este tipo de contratos, dada la influencia que ejercen sobre el entorno ambiental, los intereses públicos y las comunidades locales. El Instituto de Políticas Públicas de Energía y el Consejo de Control Fiscal Colombiano subrayan la necesidad de controles estrictos y evaluaciones socioambientales para prevenir la corrupción y los conflictos de interés, factores que han empañado proyectos similares en la región.
El proceso interno documentado por Hocol indica que las conversaciones con GAXI S.A. fueron limitadas y concluyeron tras la finalización del MDE el 7 de abril de 2025. Esto refleja un intento por demostrar la ausencia de compromisos formales y reafirmar la transparencia ante las denuncias públicas. Además, evidencia la tensión permanente en la definición de competencias entre Ecopetrol y sus filiales, así como la relevancia cada vez mayor de los sistemas internos de control y las investigaciones institucionales para mantener la integridad corporativa.
Las fuentes consultadas, dentro de ellas reportes del Consejo de Control Fiscal y expertos en gobernanza de empresas públicas, destacan la urgencia de fortalecer la ética organizacional en empresas con participación estatal. La investigación interna iniciada por Hocol aparece así como una respuesta institucional necesaria para restaurar la credibilidad tanto ante el escrutinio ciudadano como en los mercados energéticos, marcados por episodios recientes de opacidad en contratos estratégicos.
En un contexto más amplio, este caso es representativo de los desafíos que enfrentan las compañías energéticas en Latinoamérica, donde convergen presiones políticas, exigencias de transformación energética y la vigilancia internacional sobre procedimientos empresariales. Las decisiones tomadas en materia de infraestructuras energéticas, en particular en zonas como La Guajira, tienen implicaciones de largo alcance, afectando variables económicas, sociales y geopolíticas.
Por último, los hechos invitan a una reflexión sobre la importancia de la rendición de cuentas y el papel insustituible de un periodismo de investigación confiable. Abordar con rigor y pluralidad informativa casos como este resulta esencial para fortalecer el debate público y evitar prácticas irregulares en el manejo de recursos estratégicos de la Nación.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es una Unidad de Regasificación Flotante (FSRU) y para qué sirve?
Una Unidad de Regasificación Flotante, conocida como FSRU por sus siglas en inglés (Floating Storage and Regasification Unit), es una embarcación especialmente equipada para recibir, almacenar y transformar gas natural licuado (GNL) transportado por mar en gas natural listo para ser distribuido por ductos en tierra firma. Según el Instituto de Políticas Públicas de Energía, esta solución permite mayor flexibilidad y rapidez en el abastecimiento de gas, siendo clave para países que buscan diversificar sus fuentes y garantizar la seguridad energética ante fluctuaciones del mercado internacional.
En el caso colombiano, la opción de instalar una FSRU ha cobrado relevancia ante la necesidad de suplir eventuales faltantes de gas y acelerar la transición hacia matrices más limpias. Sin embargo, su implementación requiere estrictos controles ambientales y una coordinación transparente entre las empresas estatales y privadas, dada su alta visibilidad y potencial impacto local.
¿Por qué La Guajira es estratégica para la energía en Colombia?
La Guajira es considerada un punto estratégico para el desarrollo energético de Colombia debido a su riqueza en recursos naturales y su posición geográfica que facilita la conexión con rutas internacionales de suministro. De acuerdo con la CEPAL y reportes del Observatorio de Transparencia y Gobernanza Corporativa, la región no solo alberga yacimientos de gas y carbón, sino que también es idónea para la expansión de proyectos de energías renovables como la eólica y la solar.
No obstante, la situación social de La Guajira es compleja, con altos niveles de pobreza y presencia significativa de comunidades indígenas, lo que exige que cualquier desarrollo energético venga acompañado de mecanismos de inclusión social, protección ambiental y respeto por los derechos colectivos, para evitar tensiones y conflictos socioterritoriales a largo plazo.
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