A ellos les ha tocado ‘regalarse’ y prestar sus servicios por salarios más bajos a los legales. Incluso, ya habría identificadas algunas empresas que se aprovechan de la necesidad de los venezolanos y sus familias.
Ante la situación, el Ministerio de Trabajo alista el documento, que ya recibió el apoyo del gremio de las pequeñas y medianas empresas (Acopi) para frenar dicha explotación laboral. El objetivo principal es que no se contrate por un salario inferior al legal.
Para la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, ese decreto también frenaría el desplazamiento de la mano de obra local que ha cobrado fuerza en el país por cuenta de la masiva llegada de venezolanos que, como se mencionó, no tienen de otra que aceptar prestar su servicio por sueldos más bajos.
Sumado a esto, la dirigente gremial dejó en claro que no todas las empresas están infringiendo las normas de contratación y por ende no se puede generalizar.
“Este decreto es justo, pero no se puede generalizar en cuanto al tema de explotación de mano de obra venezolana, ya que las empresas formales contratan bajo los parámetros legales, el mayor riesgo está en las informales”, señaló Quintero, citada por La F.m.
En relación con este tema, un estudio publicado semanas atrás por el Ministerio de Hacienda dio cuenta del salario miserable que reciben la mayoría de los venezolanos en Colombia. Según esa entidad, el 32,5 % de la población migrante no gana ni la mitad de los 828.116 pesos establecidos como salario mínimo en Colombia.
El estudio denominado Marco Fiscal de Mediano Plazo da cuenta de que ese porcentaje de venezolanos que laboran en Colombia ganan 184.148 pesos al mes, en promedio.
Otro 36,8 %, dice el medio, recibe un sueldo de 534.000 pesos, aproximadamente, y el 13,8 % de los migrantes del vecino país gana cerca de 775.000 pesos, mensuales.
No obstante, 13,8 % tienen un salario superior al mínimo de 968.528 pesos, mientras que solo el 3,1 %, tiene un suelo de más de 1’500.000 pesos.
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