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El Gobierno Nacional de Colombia ha puesto sobre la mesa un controversial borrador de decreto cuyo objetivo principal es limitar al 30% la proporción de los recursos administrados por los fondos de pensiones que se pueden invertir en el exterior, otorgando un período de cinco años para cumplir esta meta. Esta propuesta ha suscitado un amplio debate público, donde la oposición argumenta que detrás de la iniciativa existen motivaciones ideológicas, mientras que las justificaciones oficiales buscan mostrar la medida como una estrategia para dinamizar la economía interna. Según los documentos aportados por el Ejecutivo y citados por El Colombiano, el propósito sería aprovechar el ahorro de largo plazo gestionado por los fondos de pensiones para impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aumentar la productividad y fortalecer la economía nacional.
El fundamento central del borrador reside en canalizar recursos hacia sectores estratégicos a través de proyectos públicos y privados, con una proyección de absorber más de $100 billones en los próximos años. Entre las áreas identificadas destacan la infraestructura y obras civiles, como transporte intermodal (vías, ferrocarriles, aeropuertos y vías fluviales); el sector de construcción y vivienda, aún afectado por la desaceleración pospandemia y clave para el empleo; la transición energética, fomentando proyectos de energías renovables; y sectores productivos enfocados en el desarrollo sostenible. Según el texto oficial, la iniciativa busca no solo reactivar la economía, sino también cerrar brechas estructurales en infraestructura y energía.
Para garantizar una correcta canalización de los recursos, el Gobierno propone la creación de un Banco de Proyectos bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, que aglutinaría iniciativas productivas preparadas para recibir inversión de los fondos de pensiones. Además, se prevé la implementación de mesas interinstitucionales donde participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sector privado y entidades estatales, permitiendo identificar nuevas oportunidades, estructurar proyectos y determinar los instrumentos financieros más idóneos, como bonos, fondos de capital privado o titularizaciones.
No obstante, el documento advierte que la sola existencia de proyectos no garantiza el éxito de la absorción de estos recursos. Es necesario un proceso riguroso de identificación, priorización y estructuración financiera, además de asegurar la existencia de instrumentos de inversión admitidos por las normas vigentes. Ejemplos de proyectos potenciales incluyen la Segunda Línea del Metro de Bogotá, el aeropuerto de Cali, Regiotram Norte, Tren de Cercanías del Valle y el Canal del Dique, todos con relevancia nacional.
El rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, expuso una mirada crítica frente a la iniciativa a través de sus redes sociales, indicando que la medida respondería a una combinación de factores ideológicos, fiscales y cambiarios. Restrepo argumenta que la creación de un banco de proyectos y la delimitación de destinos prioritarios de inversión limitan la autonomía de las AFP y ponen en riesgo la diversificación global del ahorro pensional, principio central de la gestión de portafolios. Además, sugiere que el regreso de inversiones al territorio nacional podría buscar influir la tasa de cambio a la baja, beneficiando al Estado en términos fiscales, aunque de manera artificial.
El académico también planteó dudas respecto a la capacidad real de Colombia para absorber sumas tan elevadas en proyectos productivos, lo que podría derivar en una mayor exposición del ahorro de los trabajadores al riesgo fiscal. Además, advirtió que, al tratarse de una norma reglamentaria, podría ser de fácil reversión para futuras administraciones, por lo que su eficacia y permanencia dependen en buena parte del escenario político venidero. Todo esto ha hecho que la discusión sobre el tope del 30% a la inversión de pensiones en el exterior se mantenga vigente en el debate nacional y en el análisis de los actores sociales y económicos.
¿Qué implica la diversificación de riesgo en los fondos de pensiones?
La diversificación de riesgo es un principio fundamental en la administración de portafolios, especialmente en el caso de fondos de pensiones obligatorias. Consiste en distribuir las inversiones en diferentes activos y regiones, con el objetivo de minimizar los efectos adversos que puedan surgir en un solo mercado o sector. Según lo señalado en el documento y por voces críticas como José Manuel Restrepo, restringir la posibilidad de invertir fuera del país limita esta diversificación, exponiendo el ahorro de los trabajadores de manera más directa a riesgos internos, ya sean económicos, fiscales o políticos.
La relevancia de este principio radica en la naturaleza de los fondos de pensiones, que gestionan recursos a largo plazo y requieren garantizar seguridad y estabilidad en los retornos para los futuros jubilados. En este contexto, cualquier norma que reduzca la libertad de diversificación puede tener impactos importantes sobre el sistema pensional y el bienestar de los afiliados, tema que el debate sobre el decreto propuesto ha puesto en el centro de la discusión nacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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