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Así lo dio a conocer el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en un estudio en el que además desagrega ese monto y explica que $ 72,1 billones corresponden a transferencias corrientes, $ 12 billones a gastos de personal y $ 3,4 billones a otras cuentas.
(Vea también: Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme salida del aguardiente amarillo de la FLA del mercado)
<¿Las cuentas no cuadran? Dudas del Observatorio Fiscal sobre $8,2 billones que Gobierno le recortará al Presupuesto>
Los invitamos a leer este análisis sobre las dudas que rondan al decreto de recorte del @MinHacienda
Vía: @elcolombiano https://t.co/LNduK65Rm9
— Observatorio Fiscal (@ofiscalpuj) June 27, 2024
“En otras palabras, cuatro quintas partes del aumento en gastos de funcionamiento corresponden a transferencias corrientes”, apuntó.
Particularmente, y lo que más llama la atención, es que en el estudio se resalta el monto de $ 72,1 billones de transferencias, pues $ 18,8 billones se fueron al cierre del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), es decir, el 26 %.
A su turno, el Sistema General de Participaciones (SGP) aumentó en $ 13,7 billones; y el gasto en salud creció $ 13,8 billones, de los cuales $ 9 billones se destinaron a financiar el esquema de aseguramiento en salud de la Ley 100 a través de la ADRES.
Además, “las prestaciones sociales asumidas por el Estado se incrementaron en $13 billones: $6 billones se destinaron a Colpensiones, $ 4 billones a las fuerzas armadas, $ 2 billones a profesores y $ un billón a otros regímenes de salud y pensión especiales”, entre otros.
Respecto a los $ 12 billones que se fueron para gastos de personal, el Observatorio afirmó que ese incremento estuvo relacionado con el crecimiento de la nómina estatal y la carga prestacional asociada, como beneficios, primas y aportes a seguridad social.
Se recordó que “las 163 entidades del orden nacional están integradas por un total de 677.748 cargos, cuyo gasto total en personal asciende actualmente a $ 60 billones, de los cuales solo el 40 % se destina al pago de asignaciones básicas mensuales”.
Ante este escenario, el Observatorio precisó que la mayor parte del incremento del gasto producto de las transferencias no depende del Ejecutivo, pues en varios casos obedece a normas de carácter constitucional o legal y no hay margen de maniobra.
Las recomendaciones
Por lo demás, sugiere dar mayor autonomía en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y reducir la duplicidad de funciones entre la Nación y los Entes Territoriales.
Igualmente, recomienda “la implementación de un impuesto a las pensiones” y la introducción de mecanismos autorregulatorios en los regímenes especiales de salud como los copagos.
También, priorizar los tratamientos y servicios ofrecidos por el sistema de salud, acelerar el desmonte de los subsidios a los combustibles y “racionalizar las primas, bonificaciones y otros rubros distintos a la asignación básica mensual”.
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