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En 2024, el gasto de bolsillo en salud en Colombia alcanzó los 14,5 billones de pesos, lo que representa un 16,8% del gasto corriente en salud, según cifras reportadas por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Este incremento, con una variación real anual de 1,4%, acerca al país al umbral del 20% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como un límite crítico a partir del cual el riesgo financiero para los hogares se vuelve alarmante. Este fenómeno evidencia la creciente presión sobre las familias colombianas, en particular aquellas de menores ingresos, obligadas a incurrir en pagos directos para acceder a servicios médicos y medicamentos que deberían estar cubiertos por el sistema público.
El denominado "gasto de bolsillo" comprende todos los pagos efectuados directamente por los usuarios de salud en el momento de recibir atención, como copagos, cuotas moderadoras, adquisición de medicamentos y acceso a servicios excluidos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). También incluye los desembolsos derivados de consultas o procedimientos pagados en el sector privado, una situación que ocurre a raíz de demoras o resoluciones negativas por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Tal como analiza la ANIF en su informe de 2024, ello refleja que “los hogares están asumiendo cada vez más costos de servicios que deberían ser cubiertos, debido a la crisis financiera y operativa que enfrentan las EPS”.
El incremento sostenido del gasto de bolsillo desde 2021, año en el que representaba el 14,2% del monto corriente, tiene raíces profundas en la estructura del sistema de salud colombiano. Las fragilidades en la financiación, la sostenibilidad comprometida de las EPS y las largas listas de espera empujan a muchos pacientes a buscar atención fuera del sistema público, incrementando sus erogaciones directas. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, este fenómeno se agrava en el régimen subsidiado, donde la falta de acceso oportuno impacta especialmente a los hogares más vulnerables y profundiza las inequidades en el acceso a la salud.
Un dato alarmante, consignado en informes del Ministerio y estudios académicos de la Universidad Nacional, señala que entre 2021 y 2024 el quintil de menores ingresos experimentó un auge real acumulado del 63% en su gasto de bolsillo, pese a que el 84,8% de esos hogares está afiliado al régimen subsidiado. Dicho escenario implica un incremento desproporcionado del esfuerzo económico en salud entre los más pobres, superando con creces lo recomendado por la OMS para no exponer a los hogares a la pobreza sanitaria.
En el entorno latinoamericano, el gasto de bolsillo en Colombia se ubica en un punto intermedio, con países como Costa Rica y Uruguay mostrando cifras más bajas gracias a sistemas de salud fortalecidos y mayor contribución estatal, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, la tendencia creciente nacional genera preocupación entre los expertos. Investigaciones recientes de la Universidad Nacional de Colombia resaltan que este gasto excesivo desincentiva la adherencia a tratamientos médicos, sobre todo en enfermedades crónicas y en población infantil; así, el sistema sanitario termina expuesto a mayores costos futuros y deterioro en los indicadores de salud.
Frente a este complejo panorama, analistas y organismos multilaterales, como el Banco Mundial, coinciden en la urgencia de robustecer la financiación pública, depurar la gestión de las EPS y optimizar la cobertura y el funcionamiento efectivo del PBS. Entre las alternativas sugeridas se encuentran la implementación de modelos de atención primaria más sólidos, avanzar en la digitalización para acelerar autorizaciones y promover esquemas fiscales progresivos que permitan el acceso a subsidios o seguros complementarios, especialmente para medicamentos esenciales y la atención de enfermedades de alto costo.
De igual forma, especialistas subrayan la importancia de transparentar la información y empoderar a los usuarios, facilitando el acceso a servicios y la toma de decisiones informadas, como herramienta para prevenir cobros injustificados y fortalecer el control social sobre la prestación de servicios. A largo plazo, el reto para Colombia no es solo financiero: está en juego la equidad, la protección de los sectores más vulnerables y la garantía del derecho a la salud como bien público irrenunciable.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué mecanismos existen para reducir el gasto de bolsillo en salud en Colombia?
Esta pregunta resulta central ante el panorama de aumento sostenido de los pagos directos en salud y la presión sobre los hogares de menos ingresos. La relevancia reside en conocer qué alternativas pueden aliviar la carga financiera de las familias y cómo el sistema puede garantizar mayor protección social, minimizando el riesgo de empobrecimiento por motivos de salud.
Actualmente, Colombia cuenta con diferentes mecanismos como el régimen contributivo y subsidiado del sistema de seguridad social en salud, cuyo objetivo es cubrir la mayor parte de los costos sanitarios. Sin embargo, las brechas en la cobertura efectiva y la sostenibilidad financiera limitan su alcance. Reformas orientadas a fortalecer la atención primaria, mejorar la gestión de recursos en las EPS e incrementar la progresividad fiscal se perfilan como estrategias clave para reducir la dependencia del gasto de bolsillo y garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales.
¿Qué es exactamente el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y a quiénes cubre?
Esta cuestión es pertinente porque el acceso y los límites del PBS determinan qué gastos quedan cubiertos por el sistema y cuáles deben ser asumidos directamente por los usuarios. Comprender el alcance del PBS es fundamental para evaluar los riesgos financieros asociados con el gasto de bolsillo y las áreas que requieren ajustes regulatorios o de financiamiento.
El Plan de Beneficios en Salud (PBS) en Colombia es el conjunto de servicios, tecnologías, medicamentos y procedimientos que los afiliados —tanto al régimen contributivo como al subsidiado— pueden recibir sin necesidad de desembolsos adicionales, exceptuando copagos definidos por norma. El PBS busca garantizar la atención integral, pero en la práctica existen brechas en la cobertura, demoras en la autorización y exclusiones que obligan a los usuarios a asumir pagos fuera del sistema, incrementando su gasto de bolsillo y exponiéndolos a dificultades económicas.
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