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El Gobierno nacional expidió los decretos que oficializan el aumento salarial de 7 % para los servidores públicos, aplicable con retroactividad desde el primero de enero de 2025, en especial el Decreto 0615 del 3 de junio de 2025.
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Con este ajuste, el Ejecutivo busca compensar la inflación de 2024, que cerró en 5,2 %, y agregar un punto adicional de mejora del ingreso del 1,8 %, acordado con sindicatos en la Mesa de Negociación del Sector Público.
Este incremento beneficia a más de 1,3 millones de empleados del Estado, incluyendo trabajadores de la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Dian, Contraloría, Medicina Legal, Aeronáutica Civil, Fiscalía, Congreso, fuerzas militares, policías, educadores, y funcionarios territoriales y nacionales.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el aumento para este año le costará al Gobierno $ 2,1 billones, una cifra que ya está incluida en el Plan Financiero Nacional.
Para 2026, el incremento pactado será del IPC de 2025 más 1,9%, con un impacto fiscal de $ 2,3 billones adicionales. En total, ambos ajustes representan un gasto de $ 4,4 billones.
El ministro fue enfático en que “los recursos están garantizados”, y que el objetivo principal del reajuste es preservar el poder adquisitivo de los servidores públicos frente al encarecimiento del costo de vida.
El incremento tiene un efecto retroactivo al primero de enero de 2025, por lo que las entidades públicas deberán liquidar y pagar la diferencia salarial acumulada durante los primeros meses del año.
El plazo máximo para cumplir con este pago es de dos meses a partir de la expedición de los decretos, es decir, antes de agosto de 2025.
El retroactivo se calcula con base en el porcentaje oficial de aumento (7 %), el salario base del empleado, los meses laborados en 2025 y la situación contractual (empleado de carrera, provisional o contratista).
Además, este pago adicional puede impactar prestaciones sociales como primas, cesantías e intereses sobre cesantías, y está sujeto a las deducciones legales de salud, pensión y retención en la fuente.
De acuerdo con la Función Pública, la medida cobija a empleados públicos de todos los niveles: nacional, territorial, judicial, legislativo, fuerza pública y entidades descentralizadas.
Incluso, se incluyó a educadores indígenas, servidores de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y a personal del Instituto Nacional de Medicina Legal.
El ajuste también beneficia a los servidores por contrato, como los de Orden de Prestación de Servicios (OPS), aunque no siempre aplican para retroactivo debido a la naturaleza distinta de su relación laboral.
El aumento fue oficializado mediante la expedición de 26 decretos, firmados por el presidente Gustavo Petro; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el secretario jurídico de Presidencia, Augusto Campo.
¿Cuáles decretos regulan el aumento?
Entre los más destacados están:
-Decreto 0612 de 2025: modifica el Decreto 302 de 2024 y formaliza el reajuste salarial general.
-Decreto 0620: fija los topes salariales de gobernadores, alcaldes y empleados territoriales.
-Decreto 0615: establece sueldos básicos para oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública.
-Decreto 0603: fija las escalas salariales para la Rama Judicial.
-Decreto 0601: regula las remuneraciones en el Congreso de la República.
-Decreto 0599: establece las nuevas escalas para los empleados del SENA.
-Decreto 0596 y 0598: determinan el nuevo régimen salarial para docentes del sector público, incluyendo instituciones técnicas y universidades estatales.
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Este reajuste refleja el cumplimiento del Gobierno con los acuerdos colectivos del sector público, y, al mismo tiempo, envía un mensaje de estabilidad institucional y respeto por el trabajo de los servidores públicos, detalló el ministro de Hacienda.
“Se trata de una medida responsable, que reconoce el valor del servicio público en áreas vitales como la educación, la salud, la justicia, la defensa y la administración pública”, concluyó Ávila.
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