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La EPS Santitas fue intervenida, de manera forzosa, por la Superintendencia Nacional de Salud. Una deuda multimillonaria con droguerías Cruz Verde fue solo una de las raíces del problema que ahora tendrá en vilo a 5.7 millones de afiliados en todo el país.
Los bienes de Sanitas ahora serán administrados –por un año– por la Superintendencia Nacional de Salud. De acuerdo con la entidad, encontraron incumplimientos en la organización financiera de esta empresa prestadora de salud.
Es que la crisis se desató el pasado 27 de octubre cuando la farmacéutica Cruz Verde señaló que la EPS le adeudaba 400.000 millones de pesos en medicamentos e insumos que no estaban incluidos en el Plan Básico de atención en Salud y que, por tanto, se veían obligados a cortar esta distribución para seguir siendo viables financieramente.
“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, fue la aseveración de Cruz Verde por el incumplimiento de la EPS.
Entérese: EPS Sanitas pasa a ser intervenida forzosamente por el Gobierno
Entonces, Sanitas argumentó que la crisis con Cruz Verde ocurrió porque el Estado se quedaba corto a la hora de girar con recursos para cubrir los gastos de los pacientes que tienen que ser atendidos con recursos que están fuera del Plan Básico de Salud.
“Cada mes las atenciones no PBS genera un gasto de 55.000 millones de pesos y aquí es importante decir que, de esa plata, el Estado –a través de presupuestos máximos– solo nos reconoce 32.000 millones de pesos”, había explicado Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de Sanitas.
Por esta situación, la Supersalud hizo un primer jalón de orejas a la EPS Sanitas. Le exigió tener un plan de contingencia inmediato que garantizara la entrega continua y sin dilación de medicamentos.
“Este ente de control informa que está vigilante del cumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega de los medicamentos, y su incumplimiento acarreará las investigaciones administrativas con fines sancionatorios, si a ellos hubiere lugar”, había advertido la Supersalud en un comunicado.
Ahora, el Gobierno argumentó que la intervención se tomó para garantizar la viabilidad financiera a futuro de la EPS.
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