La investigación contra British American Tobacco, Inversiones Glu Cloud, Grupo DIY y Lifetech busca determinar si violaron las disposiciones de la Ley 1480 de 2011, en el ofrecimiento de productos que contienen nicotina y otras sustancias que afectan la salud, conocidos como líquidos para vapeadores y/o vapeadores.
La SIC indicó que recibió denuncias porque presuntamente se vulneraban los derechos de los menores de edad en el comercio electrónico por “suministrar información engañosa respecto de los líquidos que se empleaban en los dispositivos denominados vapeadores y que contenían nicotina”.
De igual manera, se les señaló “por no observar las obligaciones legales respecto de las condiciones especiales que debían ser informadas a los consumidores para este tipo de productos nocivos”.
El organismo público recaudó documentación de cada uno de los empresarios e hizo visitas de inspección administrativa a las páginas web de los comercializadores mencionados.
Luego de analizar ese material probatorio, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor concluyó de manera preliminar, las siguientes presuntas conductas constitutivas de infracciones:
- No se suministró información clara, oportuna y precisa respecto de la intensidad de nicotina ofrecida a los usuarios.
- Se suministró información mínima en idioma diferente al castellano.
- No se indicó en los envases y empaques de los productos, de manera clara y en caracteres legibles, respecto de la nocividad de los productos ofrecidos, ni las condiciones o indicaciones necesarias para la correcta utilización.
- Se emitió publicidad de productos que son nocivos para la salud, sin advertirle con claridad al público sobre la nocividad y necesidad de consultar condiciones, indicaciones de uso correcto y contraindicaciones.
- Se emplearon herramientas de comercio electrónico en las que no se tomaron las medidas posibles para verificar la edad de los consumidores.
- En los contratos de adhesión se incluyeron cláusulas que irían en detrimento de los derechos que les asisten a los consumidores.
La Superintendencia indicó que si se confirman las vulneraciones se impondrán multas hasta por 2.000 SMMLV, además de que advirtió que en este caso no procede ningún recurso.
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