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Escrito por:  Sebastian Alfonso
Redactor     Ene 19, 2025 - 8:20 am

Medellín, históricamente reconocida como un centro de desarrollo empresarial en Colombia, enfrenta un panorama incierto con varios de sus conglomerados más emblemáticos inmersos en procesos de reestructuración, cambios de propiedad y controversias.

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Empresas como ISA, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y UNE EPM Telecomunicaciones (Tigo) son protagonistas de un complejo entramado económico y político que afecta el empleo, la estabilidad y el futuro empresarial de la región.

ISA, la multilatina especializada en energía, vías y telecomunicaciones, atraviesa una crisis marcada por las tensiones políticas y legales. Aunque su presidente, Jorge Andrés Carrillo, fue designado hace cinco meses, no ha logrado ejercer como representante legal debido a cuestionamientos sobre la transparencia de su elección. La parálisis en la gestión ha dejado a la empresa incapaz de firmar contratos y avanzar en su operación estratégica.

Paralelamente, el Gobierno ha propuesto un plan para trasladar la sede de Medellín a Cartagena, lo que ha ocasionado tensiones entre autoridades locales y nacionales, sumado a la preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la economía regional.

La desaparición del GEA y el dominio de Gilinski

El enroque accionario que durante más de 40 años caracterizó al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) llegó a su fin. El acuerdo implica la desaparición de esta histórica estructura empresarial, tras la toma de control del Grupo Nutresa por parte del empresario Jaime Gilinski, quien actualmente posee más del 81,5 % de las acciones de la compañía.

Este proceso marca el final de una era para las empresas Sura, Argos y Nutresa, que habían operado bajo un modelo de gobernanza colaborativa. Aunque se espera que los inversionistas mantengan su participación directa en estas empresas, la ruptura del GEA redefine el panorama corporativo de Antioquia, planteando retos y oportunidades para el futuro económico de la región.

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Otra de las empresas emblemáticas de Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones (Tigo), solicitó autorización al Ministerio de Trabajo para hacer un despido colectivo de trabajadores. Según la compañía, esta medida responde a problemas financieros, operativos y técnicos que ponen en riesgo su sostenibilidad.

El anuncio ha provocado preocupación entre los empleados, ya que los despidos impactarían de manera directa a decenas de familias y al empleo local. Aunque Tigo asegura que esta decisión busca garantizar su viabilidad a largo plazo, el panorama refleja los desafíos estructurales que enfrenta la industria de las telecomunicaciones.

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