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El 4 de octubre de 2025, en Yopal, Casanare, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional de Colombia ofrecieron un acto público de disculpas a familiares de 27 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como "falsos positivos". Dicho acto formal, realizado ante la mirada atenta de la comunidad y los medios, marcó un reconocimiento estatal frente a crímenes cometidos por militares y paramilitares en un contexto de conflicto armado que ha dejado heridas difíciles de sanar y exigencias de justicia que persisten desde hace casi dos décadas. Este episodio representa solo una pequeña parte de los 303 casos documentados en Casanare, reflejando el largo camino que queda por recorrer en verdad y reparación, mientras aún existen enormes desafíos institucionales y sociales para restaurar la confianza en las autoridades y respetar los derechos humanos, según datosreferenciados por el Centro de Memoria Histórica.
El fenómeno de los falsos positivos, que encendió alarmas tanto en Colombia como en la comunidad internacional, consistió en la ejecución de civiles inocentes presentados falsamente como guerrilleros dados de baja en combate. Esta práctica buscaba inflar los resultados militares frente a los grupos armados ilegales y obtener reconocimientos y recompensas dentro de las Fuerzas Armadas. Según el informe del Centro de Memoria Histórica y reportes del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el periodo más crítico para estos crímenes fue entre 2002 y 2008, colocando a Casanare como una de las regiones más afectadas y dejando huellas profundas en cientos de familias.
En la ceremonia, las voces de los familiares narraron el dolor causado por las retenciones, torturas y desapariciones forzadas de sus seres queridos. La exigencia fue clara: no solo se aceptaba un perdón simbólico, sino que también se pidió la remoción de medallas a militares responsables, una petición que ya ha sido respaldada por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que insisten en la urgencia de medidas concretas para asegurar la no repetición y justicia verdadera en estos casos.
El acto contó con la participación del Comandante del Ejército, General Luis Emilio Cardozo, y el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Ambos reconocieron la responsabilidad del Estado e hicieron compromisos públicos de fortalecer los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas y avanzar en procesos judiciales bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Ministro señaló que los involucrados ya han sido retirados e investigados, e hizo hincapié en la manipulación de información como elemento para encubrir estos crímenes.
A nivel de contexto, esta admisión pública resulta crucial para el proceso de postconflicto colombiano. Este tipo de crímenes afectó gravemente la legitimidad de la fuerza pública y, como lo señala la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, es indispensable acompañar estas disculpas de reformas profundas y políticas de reparación integral, que garanticen la atención psicosocial a las víctimas y la efectividad de los compromisos asumidos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en un pilar para la verdad y la justicia, registrando más de 6.402 víctimas de falsos positivos en todo el territorio nacional. Según Dejusticia, este momento demanda una reflexión crítica sobre la cultura institucional y el significado de la vida humana en Colombia. El reconocimiento institucional, por sí solo, constituye apenas el primer eslabón en la cadena que conduce a la reconciliación y prevención de futuras violaciones.
En conclusión, la ceremonia de Casanare tuvo un papel fundamental no solo como acto simbólico de reconciliación, sino también como recordatorio de la urgencia de reformas profundas en las Fuerzas Militares y del compromiso ineludible con la justicia y los derechos humanos, teniendo siempre en cuenta la memoria y la dignidad innegociable de las víctimas.
¿Qué significa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué es fundamental en estos casos?
La JEP es un sistema de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo de Paz de Colombia, cuyo objetivo es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, incluyendo los falsos positivos. Es fundamental porque permite esclarecer los hechos, otorgar justicia a las víctimas y contribuir a la verdad histórica del país. Su papel en estos casos radica en su capacidad de priorizar el enfoque en las víctimas y promover un proceso de reconciliación que va más allá de la simple sanción penal, buscando transformaciones estructurales en el sistema de justicia y las Fuerzas Armadas.
¿Qué implicaciones tiene para las Fuerzas Armadas la remoción de medallas y reconocimientos a militares involucrados en falsos positivos?
La remoción de medallas y reconocimientos representa un quiebre en la cultura de incentivos que favoreció la comisión de falsos positivos. Esta medida tiene un peso simbólico y práctico, ya que envía un mensaje de rechazo institucional a las conductas violatorias de derechos humanos y promueve el cambio en los valores que rigen la vida militar. Su impacto va más allá de la sanción individual e influye en la legitimidad y credibilidad de las fuerzas armadas frente a la ciudadanía, elemento vital para consolidar la confianza pública y garantizar la no repetición.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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