La descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas representa un fuerte golpe político y económico, aunque no conlleva sanciones automáticas.
El gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump, emitió un waiver que otorga un plazo de 12 meses para que Colombia muestre resultados verificables en la reducción de cultivos y producción de cocaína.
De no cumplirse, el país podría perder hasta $ 2 billones en ayudas militares y poner en riesgo programas de cooperación económica y de seguridad civil valorados en más de USD 400 millones.
El informe más reciente de Naciones Unidas indica que Colombia concentra el 67 % de los cultivos de coca en el mundo, con 253.000 hectáreas sembradas.
Esto genera ingresos ilícitos crecientes en los últimos años, lo que evidencia la magnitud del problema. Estados Unidos exige mayor compromiso y resultados concretos para frenar este fenómeno.
El Gobierno colombiano, a través de su embajada en Washington, rechazó la medida y sostuvo que se desconocen los avances logrados en interdicción, cooperación judicial y transformación territorial.
Además, destacó que entre 2024 y 2025 se alcanzaron cifras históricas en incautaciones y destrucción de laboratorios, debilitando las finanzas del narcotráfico. Aun así, la decisión refleja la tensión bilateral y la presión internacional sobre Colombia.
Por qué EE. UU. certifica o descertifica a Colombia y otros países
Estados Unidos certifica o descertifica a países como Colombia en la lucha contra las drogas como un mecanismo de control diplomático. Este proceso se basa en la Ley de Asistencia Exterior de ese país, que exige al presidente norteamericano evaluar cada año si las naciones productoras o de tránsito de drogas cumplen con los compromisos internacionales en materia de control de cultivos ilícitos, interdicción y cooperación judicial.
La certificación es, en esencia, una especie de “sello de aprobación” que garantiza la continuidad de la ayuda financiera, militar y económica, mientras que la descertificación funciona como una advertencia que puede implicar la suspensión parcial o total de esos apoyos.
El objetivo principal de esta herramienta es asegurar que los países trabajen activamente en reducir el tráfico de drogas que afecta directamente a la sociedad estadounidense.
La lógica es simple: si un gobierno no demuestra resultados verificables en erradicar cultivos, destruir laboratorios, reducir exportaciones de cocaína y cooperar con agencias internacionales, Estados Unidos puede retirar fondos o endurecer las condiciones de asistencia. De esta manera, la certificación se convierte en un incentivo para mantener políticas antidrogas estrictas y alineadas con los intereses de Washington.
En el caso de Colombia, la certificación ha estado ligada históricamente a programas como el Plan Colombia o la cooperación militar y judicial que ha permitido sostener operaciones contra carteles y grupos armados. Sin embargo, cuando los cultivos aumentan, como ha sucedido en diferentes periodos, o cuando se percibe falta de compromiso político, surge la amenaza de descertificación.
Por tanto, este proceso no es solo técnico, sino también político. Sirve como herramienta de presión para que países como Colombia mantengan un alto nivel de esfuerzo en la lucha antidrogas, bajo la constante vigilancia de Estados Unidos, que busca proteger su seguridad nacional y mostrar firmeza ante su propia opinión pública.
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