“Los problemas de narcotráfico son una realidad, son una preocupación gigantes y tenemos que seguir haciendo unos esfuerzos más grandes. Tenemos que seguir avanzando con más incautaciones, más extinción de dominio y con más labores de interdicción”, señaló Juan Francisco Espinosa, director de la UIAF.

En la presentación del informe con el que identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente la financiación del terrorismo, Espinosa agregó que los narcotraficantes invierten ese dinero ilícito en todo tipo de negocios para lavarlo, como bienes muebles e inmuebles, y parte de ello lo utilizan en la producción de la droga.

Pero además, agregó que se deben fortalecer los operativos contra este delito pues cuando de cada 100 kilos de cocaína, las autoridades están logrando incautar 42, con lo que se terminan por afectar 60.000 hectáreas de los narcotraficantes.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó en su intervención que en el tema del narcotráfico hay que tener en cuenta las incautaciones para combatir el lavado de activos, así como en el  volumen de ingresos.

“No se puede caer en el error de pensar solo en la producción, hay que pensar también en lo que pueden enviar los narcotraficantes, el lavado de activos y la incautación”, señaló Cárdenas.

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Cárdenas señaló también que estos análisis permiten “enfrentar el crimen y particularmente los movimientos de dinero detrás de las empresas criminales”. Puntualizó: “Siempre se ha dicho que la forma más efectiva de llegar a los delincuentes es siguiendo el dinero. Sígale la ruta al dinero y así le llega uno no solo a las personas sino a estructurar casos judiciales con evidencia contundente”.

Sin embargo, pese a esto, el narcotráfico no es la principal actividad ilícita que afecta a cada región del país. Este delito está en el segundo lugar con un 58 %, detrás de la corrupción que ocupa un 67 %. El top 5 lo completa el contrabando con 57 %, la extorsión con 44 % y en quinto lugar está la evasión tributaria con 38 %.

Espinosa explicó que el objetivo de estas evaluaciones de riesgo “es que sean utilizadas como insumos para la construcción de matrices de riesgo y la actualización de los sistemas de administración de riesgo”, y agregó que “es importante trabajar articuladamente con el sector público y privado para fortalecer los sistemas de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

El informe reveló también que las cinco principales actividades económicas que los encuestados perciben como vulnerables son: actividades inmobiliarias y edificaciones (43 %), comercio al por mayor y al por menor (37 %), juegos de suerte y azar (33 %), construcción y obras civiles (31 %) y entidades sin ánimo de lucro (25 %).

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