En los últimos días se aprobó la mencionada norma que tiene como fin reformar la ley de insolvencia en nuestro país.
Uno de los apartados más llamativos de esta ley es el que contempla que las entidades financieras ya no podrán hacer llamadas de cobro de forma excesiva a sus clientes con deudas.
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De esta forma, los bancos no podrán acosar a las personas con deudas que, ante la imposibilidad de pagar, se hallan acogido a la ley de insolvencia en el territorio nacional.
“Las entidades financieras no podrán acosar a los deudores con llamadas insistentes ni múltiples mensajes de cobro. Quienes incumplan esta norma enfrentarán sanciones“, detalla El Tiempo acerca del mencionado parágrafo.
De igual forma, la ley contempla ajustes que tienen como finalidad proteger a las personas que acuden a la insolvencia por cuenta de la falta de fondos para pagar deudas.
Protección del empleo de la persona, acceso a la ley sin tener que comprometer bienes y suspensión de embargos, son algunos de los beneficios contemplados en la nueva ley.
Cómo funciona ley de insolvencia en Colombia
La ley de insolvencia en Colombia está diseñada para proporcionar un mecanismo legal mediante el cual las personas naturales y jurídicas que enfrenten dificultades económicas puedan renegociar sus deudas o liquidar sus activos de manera ordenada.
Su objetivo principal es permitir la recuperación financiera de los deudores viables y garantizar un trato justo para los acreedores. Para esto, se establecen procedimientos específicos según el tipo de deudor y la situación particular de insolvencia.
Empresas en Colombia y cómo les aplica ley de insolvencia
En el caso de las empresas, la Ley 1116 de 2006 regula los procesos de reorganización y liquidación judicial. La reorganización permite que la empresa continúe operando mientras se renegocian sus obligaciones con los acreedores bajo la supervisión de un juez o de la Superintendencia de Sociedades. Se busca que el deudor pueda cumplir con sus compromisos sin afectar su operatividad ni la de sus trabajadores.
Si la empresa no logra un acuerdo o si su situación es insostenible, se procede a la liquidación, donde se venden sus activos para pagar a los acreedores según el orden de prelación establecido por la ley.
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