Con el hashtag #DuqueRespeteLasUniversidades, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) habló de un “orangután” en la ley de presupuesto y aseguró que el artículo 44 “le quita la plata a las universidades para pagar todas las demandas contra el Estado”:

El numeral en cuestión establece lo siguiente: “Las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta”.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo a El Tiempo que esto no sería una novedad, pero que el Gobierno objetará el artículo para que revise nuevamente en el Congreso.

Ese diario también asegura que el artículo 44 había sido aprobado inicialmente en Senado, pero no en Cámara, antes de la aprobación generalizada del presupuesto. Sin embargo, por el apremio para cumplir con los tiempos y dejar aprobada la ley, se reabrió el debate para aprobarlo también en esta última instancia, pese a los reparos de muchos congresistas, evitando de esta manera una conciliación.

La otra denuncia surgió casi al mismo tiempo en que se daba por concluida la discusión. “Lo que está pasando en el Congreso es una vergüenza”, denunciaba la representante Katherine Miranda: “Es inaceptable que los recursos públicos, la plata de ustedes, los colombianos, vaya a pagar Odebrecht. Es el artículo 78. Más de 250.000 millones de pesos destinados de sus impuestos para pagar la corrupción de Odebrecht”, sostuvo.

De la misma forma lo reiteró en la Cámara Sergio Marín, de la Farc:

Wilmer Leal, copartidario de Miranda, publicó el texto del artículo en cuestión: “La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías, surgidas de los contratos de concesión por conceptos de sentencias y conciliaciones hasta por doscientos cincuenta mil millones de pesos ($ 250.000’000.000)”, reza el texto.

Lo llamativo del monto que se estableció en este segundo artículo cuestionado es que cubre a la perfección los 211.273 millones de pesos en los que un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio estableció que se debía pagar a Odebrecht y a los “terceros de buena fe” por la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II.

De momento no ha trascendido si el tema Odebrecht también será objetado.