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El gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha sido objeto de intensas críticas, sobre todo en lo relativo al manejo del gasto público y la política salarial. Este año, la decisión más polémica ha sido incrementar el salario mínimo en un 23,7%, superando ampliamente la fórmula tradicional —que toma en cuenta la suma de la inflación y la productividad— y superando incluso las expectativas de los sindicatos. Esta medida, unida al creciente gasto estatal, amenaza con agravar de forma significativa el déficit fiscal del país, que ya se estima cerró el año anterior en unos $134 billones, equivalentes al 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras referenciadas en los análisis económicos.
El contexto para el próximo gobierno será riesgoso, pues recibirá unas finanzas públicas no solo deterioradas —una “olla raspada”—, sino comprometidas estructuralmente. Según reporta El Colombiano y de acuerdo con expertos citados en dicho medio, el aumento desbordado del salario mínimo podría añadir hasta $7 billones al déficit fiscal, incrementando la presión sobre los recursos estatales en un momento donde la estabilidad es frágil y la sostenibilidad de la deuda pública está en entredicho.
El Ejecutivo, frente a la oleada de pronósticos negativos sobre una posible crisis económica, ha defendido sus políticas refiriendo el reconocimiento internacional. La revista The Economist posicionó a Colombia como la cuarta economía más fuerte entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), resaltando fortalezas como la reducción de la inflación, la reactivación del crecimiento, la mejora del empleo y el manejo de la política monetaria en un entorno global adverso. No obstante, estas valoraciones contrastan con los efectos internos del alza salarial, cuyas consecuencias son ya advertidas por economistas como José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda.
Para Restrepo, un incremento de tal magnitud del salario mínimo puede ser incluso dañino, pues ningún país resistiría sin impactos inmediatos: desde mayor inflación hasta informalidad y disminución del poder adquisitivo para quienes ya viven de trabajos informales. Además, estima que representaría, solo para las finanzas públicas, un sobrecosto cercano a los $7 billones, considerando repercusiones fiscales, pensionales y de un potencial retroceso en la inversión.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) coincide en este diagnóstico. Según sus proyecciones, la medida elevaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones en 2026 y en $8 billones, o 0,4% del PIB, a partir de 2027. La preocupación mayor recae en la dificultad para retornar al ajuste fiscal obligatorio por ley y el impacto sobre la sostenibilidad de la deuda, más aún cuando el propio Gobierno ha declarado una emergencia económica para hacer frente al estado crítico de las finanzas nacionales.
El principal efecto del aumento del salario mínimo recae en el incremento del gasto pensional: el Carf calcula que dentro del régimen de prima media, solo las pensiones cercanas al mínimo demandarían $4,7 billones adicionales. A esto se agregan otros gastos, como los salarios del personal público con ingresos mínimos —cifra que llega a los 191.400 empleados—, así como ajustes indirectos en contrataciones de vigilancia, aseo y servicios asociados regulados bajo el mismo parámetro.
Restrepo subraya además el riesgo de una política social errada: si el aumento salarial no está sustentado en una mejora real de la productividad, las empresas, principalmente las pequeñas, verán insostenibles sus nóminas, lo que las puede llevar a limitar contrataciones, despedir trabajadores o incrementar precios, afectando tanto la generación de empleo formal como el costo de vida. Aunque The Economist resaltaba una mejora del empleo, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advierte que la reducción de la tasa de desempleo no equivale a un mayor bienestar si la nueva ocupación ocurre mayoritariamente en la informalidad, sin acceso a derechos y protección social.
En ese sentido, el incremento del salario mínimo no llega a la mayoría de los trabajadores informales, pero sí encarece su vida por aumentos en bienes y servicios básicos, configurando así un escenario de menos derechos y mayores costos para la población más vulnerable. Por tanto, aunque los voceros gubernamentales elogian la posición de Colombia dentro de la Ocde, los expertos llaman la atención sobre el trasfondo preocupante de estas cifras frente a las reales condiciones sociales y económicas que enfrentará el país en 2026.
¿Qué es el déficit fiscal y por qué representa un riesgo para la economía?
El déficit fiscal se refiere a la situación en la que los gastos del Estado superan sus ingresos durante un periodo determinado, obligando a financiar esa diferencia mediante endeudamiento o recursos extraordinarios. En el caso colombiano, tal y como señalan las fuentes consultadas en los reportes de El Colombiano y los análisis del Carf, este desfase se ha agravado por el incremento del gasto y el alza del salario mínimo, poniendo en entredicho la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones futuras.
La importancia de mantener bajo control el déficit radica en que, un desbalance prolongado, puede llevar a una acumulación de deuda insostenible, elevando los costos de financiamiento y generando incertidumbre en los mercados. Esto, a su vez, puede limitar la capacidad de reacción del gobierno ante crisis económicas o necesidades sociales, y derivar en una reducción del bienestar general de la población.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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