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El Decreto 1475 de 2025, promulgado bajo el contexto de la Emergencia Económica en Colombia, ha despertado serias inquietudes en la industria de licores del país debido a su significativo aumento en la carga tributaria sobre bebidas alcohólicas, entre las que se destacan aguardientes, rones y vinos. Tal como lo reporta El Colombiano, actores del sector han manifestado que el incremento de impuestos puede incentivar la expansión del contrabando y favorecer la informalidad, ya que los costos de los productos legales resultarían poco competitivos, empujando a los consumidores a recurrir a canales no regulados.
Las cifras presentadas por el gremio licorero permiten dimensionar las posibles consecuencias económicas del decreto: el precio final de los licores podría encarecerse hasta en un 48 %. Tal ajuste impactaría negativamente tanto la sostenibilidad del sector, como la competitividad de los productores y la estabilidad de la cadena comercial. De acuerdo con análisis de los productores y comercializadores, el riesgo no solo gira en torno a la caída de ventas, sino también en la mutación del consumo. En categorías como el aguardiente —que mantienen una alta inelasticidad en la demanda—, la subida de precios legales puede derivar en una sustitución hacia productos ilegales, debilitando el recaudo fiscal y poniendo en riesgo la estabilidad laboral en la industria.
Esteban Ramos Maya, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), detalló que el incremento en impuestos eleva el pago total por una botella de 750 ml de aguardiente de $17.500 hasta $33.000. Esta bebida espirituosa lidera el mercado local, representando cerca del 40 % del consumo en Colombia, exceptuando la cerveza. Ramos advirtió además que por la imposibilidad de equiparar los precios entre existencias antiguas y nuevas, la FLA no ha facturado ninguna botella en lo corrido de 2026, afectando directamente su rentabilidad y las transferencias de recursos destinados a salud y educación en los departamentos.
Una situación similar describió Diego Angelillis Quiceno, gerente de la Industria Licorera de Caldas (ILC), quien indicó que marcas emblemáticas como Amarillo de Manzanares y Ron Viejo de Caldas subirán su precio entre 43 % y 55 %. Recurriendo a información de la firma Euromonitor, Angelillis advirtió que el 24 % del licor consumido en el país ya es ilegal y esa cifra podría incrementarse ante el encarecimiento, con potenciales riesgos para la salud pública.
A nivel estructural, la reforma tributaria dispuesta por el Decreto establece que los recursos recaudados no serán asignados directamente a los departamentos, sino que alimentarán el Presupuesto General de la Nación. Esta decisión genera preocupación entre las administraciones regionales, pues los fondos tradicionalmente utilizados para sectores como salud y educación podrían ver mermados sus aportes. Luz María González, vicepresidenta jurídica de Dislicores y presidenta de Asovinos, expresó que no solo se perjudica la industria formal, sino también al consumidor, especialmente en un mercado tan sensible al precio como el colombiano. Paulatinamente, la tendencia sería que los consumidores opten por alternativas de menor calidad, mientras que los bares y locales enfrentan cierres masivos ante la contracción del mercado.
Frente a este panorama, la expectativa gira en torno a la decisión de la Corte Constitucional, que deberá definir la validez del Decreto 1475. Los principales actores del sector coinciden en que suspender la medida resulta esencial para evitar una ampliación del contrabando y la informalidad, así como una contracción irreversible en la industria de licores nacional.
¿Quién fiscaliza el cumplimiento del aumento tributario sobre licores en Colombia?
La vigilancia y control en el cumplimiento de los tributos sobre bebidas alcohólicas en el país es una función que involucra tanto a las autoridades nacionales como departamentales. En este contexto, entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las secretarías de hacienda de los departamentos suelen ser responsables de supervisar aspectos como la liquidación y el recaudo de los gravámenes, además de controlar la circulación de productos ilegales en cada territorio.
La pregunta cobra especial relevancia ante las previsiones de aumento del contrabando y la informalidad que, según los productores, pueden derivar del nuevo Decreto 1475 de 2025. El esclarecimiento sobre qué entidades garantizan la transparencia y eficacia en la recaudación de estos impuestos permitirá a la opinión pública entender mejor las dinámicas del sector licorero, así como la necesidad de robustecer los mecanismos institucionales que previenen el fraude y aseguran la destinación adecuada de los recursos recaudados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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