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La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) levantó su queja por el cambio aprobado en la reforma laboral respecto al contrato de aprendizaje del Sena.
El gremio se refiere específicamente al artículo 23, que transforma el contrato de aprendizaje en un contrato laboral especial, otorgando al aprendiz las condiciones y beneficios propios de un trabajador formal.
En la fase lectiva, el aprendiz recibiría el 75 % de un salario mínimo legal vigente, lo que para 2025 equivale a $1.067.625, y en la fase práctica, el 100 %, es decir, $1.423.500 mensuales.
Acopi dice que este cambio afecta la sostenibilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, y pone en riesgo los avances en formalización laboral de este segmento.
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La queja por el cambio de contrato de los estudiantes del Sena
El Observatorio Nacional de la MiPyme hizo los cálculos y concluyó que el costo mensual por aprendiz en etapa lectiva pasaría de $711.750 (50 % del salario mínimo) a $1.245.876, al incluir salario, salud y riesgos laborales.
En la etapa práctica, el costo pasaría de $1.067.625 a $2.189.326, con el reconocimiento de todas las prestaciones sociales. Esto implica un aumento del 75 % y del 105 % respectivamente.
También se advirtió que se incrementó en un 50 % la cuota de monetización por no vincular aprendices y se eliminó la exención que aplicaba cuando el Sena no asignaba personal.
“La decisión del Senado de otorgarle carácter laboral al contrato de aprendizaje representa una desnaturalización de su esencia formativa, alineándolo más con relaciones de subordinación y producción que con procesos pedagógicos”, señaló Acopi.
Por último, el gremio solicitó a las instancias legislativas encargadas de la conciliación de la reforma laboral que se incluyan ajustes para las pequeñas y medianas empresas. Cabe recordar que un artículo que proponía un trato diferenciado para este tipo de empresas fue eliminado durante el trámite en el Congreso.
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Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y varios senadores, ese trato especial resultaba inconstitucional, ya que otorgar beneficios a unas empresas y no a otras vulneraría el principio de igualdad.
Además, algunos legisladores argumentaron que, una vez los aprendices del Sena ingresan a la etapa práctica, desempeñan funciones similares a las de un trabajador formal. Otros, defendieron el aumento en la remuneración de los aprendices señalando que esto incrementaría su capacidad de consumo y generaría efectos positivos en la cadena económica.
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