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El sector de licores en Colombia se encuentra en un momento definitorio tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con información de El Colombiano, esta acción implica que las medidas impositivas que se habían aplicado recientemente quedan sin efecto inmediato, permitiendo así una significativa reducción en los precios al consumidor de bebidas como aguardiente y ron. Los industriales celebran la determinación judicial, ya que temían que el aumento de los impuestos provocara una abrupta caída en las ventas y una profunda parálisis en el sector.
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que es la mayor productora nacional, explicó que se había resistido a subir de forma drástica sus precios. Según declaraciones de su gerente Esteban Ramos a El Colombiano, la empresa únicamente trasladó a sus productos el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), que pasó del 5% al 19% desde el 1° de enero. La medida de la Corte permitió evitar ajustes mucho más altos y estabilizar la dinámica comercial, asegurando que, ahora, una botella de 750 ml de Aguardiente Antioqueño pueda bajar entre $7.000 y $8.000, ya que el IVA retorna al 5%.
La Industria Licorera de Caldas (ILC) también manifestó que la suspensión trae alivio inmediato. Diego Angelillis Quiceno, gerente de la ILC, precisó que el valor sugerido para una botella de Ron Viejo de Caldas de 750 ml volverá a $54.545, frente a los más de $84.000 que habría alcanzado bajo el decreto. De manera similar, el Aguardiente Amarillo de Manzanares reducirá su precio de $71.112 a $49.705, dejando en evidencia el peso que tenía el ajuste fiscal.
Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había expresado preocupación por la obligación de transferir más de $720.000 millones al Gobierno Nacional, recursos tradicionalmente destinados a la salud y educación departamentales. El fallo de la Corte permite ahora que la FLA mantenga su contribución de $1,15 billones directa a las regiones, fortaleciendo la inversión social.
El análisis técnico de la FLA también advertía riesgos secundarios: con la subida conjunta de IVA e impuesto al consumo, se estimaba que los precios debían aumentar cerca de un 50%, lo que podría incrementar el mercado de licor adulterado —ya estimado en un 30% del total— y fortalecer el contrabando. El alivio tributario, por tanto, no solo es financiero, sino también protector de la salud pública y el ingreso legítimo regional.
Los distribuidores y puntos de venta, que habían subido sus márgenes dentro de la incertidumbre regulatoria, se verán obligados en los próximos días a aplicar estos nuevos precios a la baja, lo que podría contribuir a reactivar la demanda y dinamizar un sector afectado desde comienzos del año debido a la expectativa del fallo. Cabe destacar que esta decisión de la Corte Constitucional es inédita, ya que es la primera vez que concede una medida cautelar frente a un estado de excepción antes de emitir un fallo de fondo, respaldando su postura en la ausencia de hechos extraordinarios que justificaran la intervención directa del Ejecutivo en el sistema tributario.
Mientras se espera que en marzo se comunique la decisión definitiva de la Corte, las licoreras mantienen la expectativa de que los precios más bajos estimulen el consumo y contribuyan a restablecer la estabilidad de su industria. Así, se refuerza la importancia de un equilibrio entre las necesidades fiscales nacionales y la sostenibilidad de sectores sensibles como el de licores.
¿Por qué es relevante el porcentaje de licor adulterado en el mercado nacional?
El crecimiento del mercado de licor adulterado, que según la Fábrica de Licores de Antioquia ya representa aproximadamente el 30% del consumo total, es una preocupación de primer orden, no solo para la industria sino también para la salud pública. El aumento acelerado de impuestos oficiales puede incentivar la búsqueda de productos más baratos, generando un terreno fértil para el comercio ilícito y la falsificación de bebidas alcohólicas.
Este fenómeno impacta directamente las finanzas regionales y pone en riesgo la vida de los consumidores, ya que el licor adulterado con frecuencia carece de controles de calidad y puede contener sustancias altamente peligrosas. Por ello, las decisiones sobre impuestos en este sector requieren un equilibrio cuidadoso para evitar estimular prácticas ilegales y proteger los recursos destinados a la inversión social proveniente de las ventas legales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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