Con el fin de evitar precarización laboral, el Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de limitar el número de contratos de prestación de servicios que hay en las entidades públicas.
Así las cosas, solo quedarían con ese tipo de contrato las personas que hacen labores especializadas por un tiempo determinado y que no puede ser ampliado.
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), citado por Portafolio, indicó que el fin de esta directriz es reducir el inmenso número de contratos de prestación de servicios en el país.
“Hasta 2022 se suscribieron 911.440 contratos de prestación de servicios. De ellos, 573.758 correspondían a entidades del orden territorial y 337.682 del orden nacional”, señaló el DAFP a ese diario.
Desde el Gobierno indican que el Sena y el ICBF son las entidades con el mayor número de contratos de ese tipo. Por eso, habrá una vigilancia especial en esos casos.
(Vea también: “Angustia de quedarnos sin empleo”: empleados de empresa que podría quebrar en Colombia).
“Son estas entidades las que mayor trabajo tienen que hacer internamente para verificar si estos contratos están en línea o no“, agregó el DAFP en ese periódico.
Contratos del Estado cambian y pequeñas empresas se beneficiarán
El presidente Gustavo Petro expidió el decreto 0142 de 2023 para incluir a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y proveedores en las compras públicas. El cambio hará que no solo las grandes compañías se queden con los contratos que otorga el Estado.
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente precisó que la modificación implica que las entidades públicas dividirán los procesos de compra en segmentos y así los requisitos para las ‘pymes’ serán menos.
Además de esa medida, se creará un catálogo para la adquisición de bienes y servicios con características técnicas uniformes y no uniformes, que puedan ser provistos por asociaciones de pequeños productores cuyos sistemas productivos pertenezcan a la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
LO ÚLTIMO
.svg)
