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La Contraloría General de la República de Colombia lanzó recientemente una alerta crítica respecto a la situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país. De acuerdo con el informe elaborado tras una investigación que abarcó desde 2022 hasta el primer semestre de 2025 y que incluyó un operativo de policía judicial, se hallaron irregularidades de gravedad que amenazan la liquidez institucional y, por extensión, la estabilidad del sistema de salud colombiano. Este señalamiento se basa en el hallazgo de anticipos sin legalizar por $10,5 billones, facturas sin procesar que suman $8,7 billones y un saldo en cuentas por pagar que asciende a los $21,37 billones. Estas cifras, proporcionadas por la Contraloría, revelan fallas profundas en el manejo financiero, problemas de represamiento de facturas, debilidades en la contratación de prestadores y deficiencias en la formación de reservas técnicas necesarias para el adecuado funcionamiento de una entidad de este tamaño.
Adicionalmente, el informe indica la existencia de 22,7 millones de registros de facturación por un valor total de $22,1 billones, pero destaca que $13,2 billones de ese monto aún permanecen sin procesar. Un aspecto alarmante del análisis es que el 40% de ese valor recae en tan solo 36 prestadores de servicios de salud, lo que eleva los riesgos financieros por posibles incumplimientos y litigios. A esto se suma que la Nueva EPS carece de una infraestructura tecnológica adecuada que asegure la calidad y validación oportuna de los datos financieros y administrativos, lo que obstaculiza el control eficiente sobre el manejo de recursos públicos.
Para sustentar este diagnóstico, la Contraloría examinó más de 4.500 archivos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, además de realizar entrevistas e inspecciones a lo largo de los años 2022 a 2025. Este extenso trabajo permitió concluir que las anomalías encontradas comprometen no solo la liquidez de la Nueva EPS, sino que también pueden traducirse en un grave deterioro patrimonial para la institución.
Este caso no es un hecho aislado, sino que evidencia una problemática estructural en las EPS colombianas. Según reportes anteriores de la Superintendencia Nacional de Salud, se observan dificultades financieras recurrentes en estas entidades, derivadas de sistemas de prefinanciamiento poco transparentes y una supervisión que resulta insuficiente para controlar la magnitud de los recursos en juego. Esta situación implica retrasos en el pago a prestadores y una atención fragmentada para los usuarios, afectando la calidad del servicio.
Los expertos en salud pública señalan que la crisis administrativa impacta la vida de millones de afiliados a la Nueva EPS, quienes suelen enfrentar demoras en la atención médica o desabastecimiento de servicios. La Fundación Caminos de la Transparencia resalta que la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos aumenta la desconfianza social y dificulta la puesta en marcha de soluciones efectivas desde la política pública.
Ante estos desafíos, análisis publicados en La Silla Vacía subrayan la necesidad de fortalecer la supervisión, modernizar los sistemas tecnológicos de control y promover la transparencia en la administración de anticipos y cuentas por pagar. Asimismo, la institucionalización de auditorías regulares y la capacitación técnica del personal se perfilan como estrategias clave para blindar la estabilidad financiera del sistema y recuperar la confianza pública.
¿Qué consecuencias puede haber si no se soluciona la crisis en la Nueva EPS? La posibilidad de que no se resuelvan las irregularidades detectadas amenaza directamente la sostenibilidad financiera de la entidad y la calidad en la prestación de servicios de salud a sus afiliados. De acuerdo con la Contraloría y expertos citados en La Silla Vacía, estas deficiencias pueden ocasionar retrasos en pagos, litigios con prestadores y una pérdida progresiva de confianza de los usuarios, con potencial impacto en la salud pública nacional.
¿Qué significa “anticipos por legalizar” y por qué son un problema? El término “anticipos por legalizar” hace referencia a los recursos adelantados por la entidad a prestadores o proveedores, que aún no han tenido la justificación documental ni el proceso administrativo que certifique su uso conforme a lo pactado. Según el informe de la Contraloría, la acumulación de estos anticipos sin respaldo aumenta el riesgo de malos manejos financieros y dificulta la auditoría y control necesarios para garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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