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El paro de cuatro días iniciado por los 380 estudiantes de la Institución Educativa Minas, ubicada en el municipio de San Martín, Cesar, ha puesto en evidencia una profunda crisis en la infraestructura educativa que trasciende este plantel y destaca una vulneración de derechos básicos de la infancia. De acuerdo con El Pilón, la protesta comenzó el 2 de septiembre, motivada por condiciones inaceptables: baños inutilizables, techos dañados, ausencia de mobiliario adecuado, falta de acceso a agua potable, presencia de malos olores, acumulación de basuras y, además, la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (conocido como PAE). Estas carencias afectan la salud, el bienestar y el aprendizaje de los menores, vulnerando el derecho fundamental a recibir una educación digna y en condiciones de seguridad.
La gravedad de la situación llevó a padres y madres de familia a calificar la infraestructura de la escuela como “cayéndose a pedazos” y a exigir respuestas rápidas de las autoridades locales y departamentales. Sin embargo, según reporta El Pilón, tras el envío de peticiones formales desde el 4 de septiembre, la respuesta institucional ha sido lenta y burocrática. La secretaria de Educación del Cesar, Yasmín García, admitió depender de la aprobación de un proyecto por parte del Ministerio de Educación para reanudar el PAE, ilustrando dificultades administrativas para resolver problemas urgentes.
Esta problemática no es exclusiva de Minas. Un informe conjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio de Educación de Colombia revela que aproximadamente el 30% de las escuelas rurales del país enfrentan carencias graves en infraestructura. Entre estas, destacan las fallas en saneamiento básico, acceso a agua segura y servicios generales, condiciones que inciden negativamente en la salud y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en municipios rurales y de bajos recursos donde la inversión ha sido históricamente insuficiente.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República, en un informe de 2024, señaló fallas en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento escolar, en particular en departamentos como Cesar. Esta falta de control origina la conservación de ambientes precarios que se traducen en menor rendimiento escolar y alza del ausentismo entre los estudiantes, perpetuando problemas sociales y educativos.
Voces de expertos, como el profesor Juan Carlos Restrepo —investigador en políticas públicas educativas entrevistado por distintos medios— sostienen que los paros estudiantiles son expresiones de la crisis educativa y, al mismo tiempo, factores que impactan emocionalmente y en la continuidad del proceso formativo. La ausencia intermitente de servicios básicos y alimenticios, combinada con entornos inadecuados para el aprendizaje, provoca exclusión y posible abandono escolar, restringiendo el desarrollo integral de niños y adolescentes.
A nivel nacional, si bien el Ministerio de Educación ha emprendido iniciativas para enfrentar el deterioro de la infraestructura escolar —como la inversión en alrededor de 5.000 colegios—, los avances son especialmente lentos en zonas rurales y dependen de la cooperación interinstitucional y la vigilancia de la sociedad civil, según fuentes oficiales.
En el caso de San Martín, la falta de asignación presupuestal suficiente y la baja prioridad política sobre la gestión educativa reflejan limitaciones de la administración local, reproduciendo las desigualdades y profundizando la brecha social en el acceso a una educación de calidad. Ante la inacción, la movilización ciudadana y estudiantil cobra relevancia como mecanismo legítimo para demandar soluciones inmediatas, mayor transparencia y el cumplimiento de los derechos de la niñez.
Lo ocurrido en la Institución Educativa Minas debe entenderse como un llamado urgente a fortalecer la descentralización de recursos, asegurar rendición de cuentas en el sector público y ratificar el carácter fundamental de la educación dentro del proyecto social y colectivo que Colombia debe fomentar.
¿Qué implica el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y por qué es tan relevante para los estudiantes?
El Programa de Alimentación Escolar, conocido por las siglas PAE, es una iniciativa gubernamental destinada a garantizar la nutrición de los estudiantes en instituciones educativas públicas, especialmente en zonas vulnerables. Su objetivo es proporcionar comidas diarias que favorezcan el desarrollo físico y mental de los menores, contribuyendo además a la permanencia y el rendimiento escolar.
En contextos como el de la Institución Educativa Minas, la suspensión del PAE representa no solo la merma de un derecho básico sino también un factor que puede aumentar el ausentismo y el abandono escolar, ya que para muchos niños y niñas el almuerzo en la escuela es una fuente esencial de alimentación diaria.
¿A qué se refiere el término “infraestructura escolar” y cómo afecta el proceso educativo?
El término infraestructura escolar abarca todos los elementos físicos y materiales que permiten la adecuada prestación del servicio educativo: edificios, aulas, baños, techos, acceso a servicios de agua y saneamiento, mobiliario y áreas recreativas. Las condiciones de esta infraestructura inciden directamente en el ambiente de aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.
Cuando la infraestructura escolar es deficiente, como sucede en muchas instituciones rurales colombianas, se afectan tanto la salud como la concentración, motivación y seguridad de niñas, niños y jóvenes, lo que complica los procesos pedagógicos y el desempeño académico.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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