La revista Dinero señaló que dicha categoría funcionaría con la participación de tres actores:
- La Empresa de Red de Transporte (que en este caso sería Uber), que aporta la tecnología e intermedia el servicio, implementa desarrollos y procesos en materia de seguridad, y propone unos términos y condiciones.
- El conductor privado, que paga por el uso de la plataforma y la utiliza libremente, de acuerdo a su disponibilidad y acepta los mínimos de calidad exigidos
- El usuario, que paga al conductor por el servicio, y debe cumplir los términos y condiciones.
Luis López, asesor de asuntos públicos de Uber para los países de la región Andina, explicó a ese diario económico que “nuestra intención es ayudarle al Gobierno, como lo hemos hecho en otros mercados, con la instrumentalización de una nueva categoría de Empresa de Red de Transporte (ERT), a las que les ponen unas condiciones del servicio”.
Lo que se busca principalmente, según López, es que la plataforma ofrezca servicios financieros, de marketing, GPS, mapas seguros, condiciones para el conductor y condiciones para el usuario.
En una conversación con Portafolio, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, reconoció que hay varias tareas pendientes en ese frente.
“Cuando uno mira la reglamentación de las ciudades que han sacado normas con esas plataformas, la solución ha pasado por regulación de transporte. Desde ese punto de vista, lo claro es que hay que revisar cómo aliviarles las cargas a los actores hoy legales, como los taxistas, e imponerles cargas a las nuevas plataformas”, dijo Orozco a ese diario económico.
Para Uber, usada por 2 millones de usuarios en el último mes para tomar un viaje en el país, según cifras de la empresa, el primer paso del Gobierno colombiano se dará cuando se reconozca la existencia del “servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales”, modelo que ya está regulado en 600 ciudades del mundo.
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