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El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha dado a conocer un borrador de decreto en el que se plantea un incremento en las tarifas del servicio de energía eléctrica. La propuesta busca asegurar el suministro de este servicio fundamental, especialmente ante la deuda significativa de $2 billones que mantiene la empresa Air-e. Esta compañía, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, juega un papel esencial al cubrir el 11,4% de la demanda nacional de energía, lo que la sitúa como un agente clave para la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.
De acuerdo con el Ministerio, la medida tendría carácter temporal y responde a la necesidad de mantener la confiabilidad y continuidad en la prestación del servicio público domiciliario. La principal preocupación radica en los riesgos financieros que podrían impactar al sector eléctrico, originados por cuentas pendientes liquidadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) o el Liquidador y Administrador de Cuentas, instituciones directamente relacionadas con la operación de Air-e.
En este marco, el Asic estaría encargado de recaudar $8 adicionales por cada kilovatio-hora consumido por la demanda nacional del Sistema Interconectado Nacional. Este cobro será parte del componente de restricciones, con la finalidad de evitar consecuencias negativas por un eventual incumplimiento financiero de Air-e, que podría desencadenar un efecto dominó dada la estrecha interconexión entre los agentes del Mercado de Energía Mayorista (MEM), diseñado bajo la lógica de un pool obligatorio.
XM, responsable de la administración del mercado mayorista de energía, advirtió sobre el impacto económico de un precio de la energía en bolsa de $309 por kilovatio-hora, que podría poner en aprietos a 15 comercializadoras encargadas de suplir el 23,37% de la demanda nacional. Según el Ministerio, XM enfatizó la necesidad de actualizar la valoración de estos riesgos, advirtiendo que la falta de intervención podría dificultar la atención adecuada de la demanda eléctrica en el país.
La situación afecta también a las generadoras de energía térmica, pues nueve de las 17 plantas termoeléctricas podrían ver comprometido su flujo de caja ante costos operativos superiores a sus ingresos. Estas plantas representan cerca del 38% de las Obligaciones de Energía Firme Mensuales (Oefm) a cargo de los agentes térmicos, lo que evidencia el riesgo sistémico para el sector si no se toman acciones correctivas de inmediato.
Al mismo tiempo, la administración de Air-e intervenida comunicó que durante el primer mes de 2026 no se implementarán alzas en las tarifas para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Para el mes de enero se fijará el valor del kilovatio hora en $796, cifra que es $80 inferior al promedio nacional vigente. Dicha decisión refuerza el compromiso de la empresa de mantener precios justos y de evitar trasladar sobrecostos a los usuarios, buscando aliviar el peso económico en hogares, comercios e industrias de la región.
Finalmente, la compañía exhortó a sus clientes a cumplir puntualmente con el pago de las facturas de energía o acogerse a planes de financiación, con el objetivo de evitar que la situación financiera empeore para el sistema energético regional y nacional.
¿Qué sucedería si persiste la crisis financiera en el sector eléctrico?
La permanencia de dificultades económicas en el sector eléctrico colombiano podría comprometer la estabilidad y la cobertura del servicio en varias regiones clave del país. Según la información difundida por el Ministerio de Minas y Energía y las advertencias de XM, existen interrelaciones complejas entre las empresas responsables de la generación, comercialización y distribución de energía. Esto implica que un incumplimiento financiero prolongado podría tener un efecto multiplicador negativo en toda la cadena.
En ese contexto, los usuarios finales serían los más vulnerables ante posibles incrementos tarifarios, interrupciones en el suministro e inestabilidad en la operación del sistema. La vigilancia y toma de decisiones oportunas son cruciales para evitar consecuencias de gran escala y sostener la prestación eficiente del servicio público de energía eléctrica.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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