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A partir de 2026, Colombia se enfrenta a uno de los periodos más retadores en términos de deuda pública. El Ministerio de Hacienda reveló que este año el servicio de la deuda interna —la suma de pagos tanto de capital como de intereses— llegará a casi $130 billones, una cifra nunca antes vista según el seguimiento de El Colombiano a los reportes oficiales más recientes. Este dato no representa solo una coyuntura temporal, sino que anticipa una etapa de sostenida presión fiscal, pues entre 2026 y 2033 los niveles de vencimientos y pagos seguirán por encima de los registros históricos.
El contexto es complejo: la acumulación de vencimientos fuerza al Gobierno a buscar recursos en un entorno de tasas de interés persistentemente altas y una percepción de riesgo país creciente. De hecho, la Contraloría General de la República enfatizó el año 2029 como un punto crítico: para ese periodo deberán cancelarse $110,6 billones solo en servicio de la deuda interna, lo que exigirá una refinanciación cuantiosa en condiciones desfavorables para el país, dada la desconfianza de los mercados.
El peso real de la deuda ultrapasa los números. Diego Montañez-Herrera, investigador económico citado por El Colombiano, resume el impacto de forma contundente: “$1 de cada $3 del recaudo va a deuda en 2026. El servicio alcanza $130 billones, de los cuales $51 billones son solo intereses”. Estas obligaciones, sostenidas en un recaudo tributario que rondó los $300 billones, implican que cerca de un tercio de los recursos públicos está comprometido tan solo para cumplir con la deuda existente.
La dinámica fiscal se complejiza por el hecho de que el verdadero esfuerzo financiero radica en el pago de intereses, que no pueden aplazarse ni refinanciarse como ocurre con el capital. Según los datos, $51 billones deben pagarse cada año con efectivo producido del propio presupuesto, presionando las finanzas públicas y dejando menos margen para inversión en desarrollo social o infraestructura.
Especialistas como Germán Machado, profesor de la Universidad de los Andes, advierten que el asunto no es solo el tamaño absoluto de la deuda, sino el rápido crecimiento en su costo. En palabras del académico, desde 2024 el valor promedio mayor en toda la curva de deuda (2026-2050) ha subido más del 28%. Esto arroja una paradoja: Colombia paga una deuda más costosa que países con peores calificaciones de riesgo, como Ucrania o Jordania.
Las presiones no se detienen en lo externo. Corficolombiana subraya que el país debe pagar vencimientos con bancos internacionales correspondientes a instrumentos financieros complejos como el “total return swap”, limitando la liquidez en el mercado local. Tras cubrir sus necesidades externas con la emisión de bonos globales por US$5.000 millones, el Gobierno centra su endeudamiento para 2026 en el ámbito doméstico, con un ambicioso objetivo de captar $85 billones por diferentes instrumentos financieros nacionales.
A pesar de los presupuestos elevados —el de 2024 se acerca a $511 billones, según el estudio de Álgebra Labs citado por El Colombiano—, más del 90% está comprometido de antemano en transferencias, pensiones e intereses. La ineficiencia en la ejecución y el denominado “dinero durmiente” —casi $5 billones sin utilizar a finales de 2024— evidencian un círculo vicioso: el endeudamiento avanza, pero los resultados económicos y sociales no mejoran al mismo ritmo.
Sumado a esto, el déficit fiscal proyectado del 7,1% del PIB y una inflación prevista entre 6 y 7% en 2026 reducen el margen de acción para corregir el rumbo. El Gobierno enfrenta, además, una caída consecutiva en el recaudo tributario y una alta presión impositiva a las empresas, lo que desincentiva la inversión, clave para el crecimiento futuro.
Ante este panorama, el reto no reside únicamente en acceder a más crédito o buscar fuentes adicionales de financiación. Como advierten los expertos, sin una reforma seria que priorice la calidad del gasto y recupere la credibilidad fiscal, Colombia seguirá hipotecando su capacidad de invertir en futuro para cumplir con obligaciones pasadas.
¿Qué repercusiones podría tener el incremento del costo de la deuda en los programas sociales y de inversión?
El crecimiento sostenido de la deuda pública no solo implica mayores cargas financieras a futuro, sino también un impacto directo sobre la capacidad del Estado para sostener o ampliar programas sociales e inversiones en infraestructura. Cuando una porción significativa del presupuesto —en este caso, casi una quinta parte dedicada solo a intereses— se dirige al servicios de la deuda, el espacio para atender otras necesidades estratégicas del país se ve reducido.
Este fenómeno genera un riesgo creciente: si no se ejecutan reformas para hacer más eficiente el gasto y mejorar el recaudo, la deuda puede transformarse en un obstáculo estructural. Las decisiones de hoy en materia de política fiscal determinarán si Colombia logra equilibrar su balanza entre obligaciones financieras y desarrollo sostenible a largo plazo, o si quedará rezagada en su capacidad de responder a demandas sociales y económicas urgentes.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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