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La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) manifestó, a través de un comunicado oficial, su profundo desacuerdo con el anuncio realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Según informó este organismo, Colombia habría dado el visto bueno para permitir el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio nacional, una medida que para el gremio colombiano representa riesgos significativos para el sector transportador. La ACC no solo calificó la determinación como “grave, equivocada y muy perjudicial”, sino que también la relacionó con una serie de antecedentes problemáticos que, según su experiencia, han surgido cuando se ha autorizado el transporte internacional directo dentro de Colombia.
El gremio de los transportadores ha argumentado que permitir el ingreso de vehículos de carga ecuatorianos incentiva el monopolio de grandes empresas sobre el mercado del transporte, situación que consideran desfavorable para miles de camioneros nacionales. A ello suman preocupaciones de seguridad, pues advierten que en anteriores ocasiones prácticas similares facilitaron el contrabando de múltiples productos –como combustibles, medicinas y sustancias ilícitas– e incluso delitos graves como trata de personas. Estas denuncias, presentadas en el comunicado de la ACC, buscan resaltar los riesgos asociados a la apertura de fronteras al transporte pesado internacional sin, según ellos, suficientes controles.
Otro de los puntos críticos señalados por la ACC tiene que ver con la idea de reciprocidad que, conforme al acuerdo, justificaría la medida. Sin embargo, el gremio rechazó este supuesto, asegurando que en la práctica “nunca existió tal reciprocidad”, y que el trato no ha sido equilibrado para los transportadores colombianos. Además, manifestaron molestia con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, por no integrar este asunto en las mesas de negociación del Paro Nacional Camionero. La ACC sostuvo que en dichos espacios se acordó abordar primero los problemas estructurales del sector antes de adoptar decisiones de alto impacto, y consideró que la omisión constituye un grave altercado en la confianza hacia el Estado.
Frente al escenario actual, la ACC declaró el estado de “alerta máxima” entre sus afiliados, manifestando que están listos para defender tanto su oficio como la soberanía del transporte nacional en Colombia. Esto incluye la posibilidad de adoptar medidas de presión directas, como la inmovilización, si el Gobierno Nacional ignora los acuerdos definidos con el gremio. En el cierre de su mensaje, la organización remarcó su intención de mantenerse atenta a cualquier disposición oficial y reiteró el compromiso inquebrantable de velar por los intereses del sector transportador.
¿Qué consecuencias podría tener una eventual inmovilización de los camioneros en Colombia?
Dada la situación actual y el anuncio de “alerta máxima” por parte de la Asociación Colombiana de Camioneros, una eventual inmovilización tendría consecuencias sociales y económicas importantes. El transporte de carga por carretera juega un papel central en el abastecimiento de productos de primera necesidad, insumos industriales y bienes de consumo en todo el país. Una interrupción provocada por protestas del gremio podría afectar desde el suministro de alimentos hasta la operación regular de diversas industrias.
Estos escenarios de paro no son nuevos en la historia del transporte colombiano; en el pasado, este tipo de acciones han logrado llamar la atención del Gobierno, pero también han repercutido en el bienestar cotidiano de millones de ciudadanos. Por ello, la posibilidad de inmovilización implica riesgos para el comercio, la movilidad y, sobre todo, la economía nacional, subrayando la importancia de encontrar canales de diálogo efectivos antes de llegar a medidas extremas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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