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El incremento reciente en las tarifas del transporte intermunicipal en el Quindío ha motivado la intervención del Gobierno nacional y la apertura de investigaciones de control sobre las empresas encargadas de este servicio. El Ministerio de Transporte informó que iniciará procesos formales debido a que la mayoría de las empresas incumplieron su deber de reportar la información tarifaria ante las autoridades, un paso indispensable para justificar cualquier aumento en el valor de los pasajes. De acuerdo con los datos del Ministerio, solo 52 de las 519 empresas habilitadas en el país han cumplido con el reporte de la estructura de costos, lo que apenas representa el 10 % del total. Esto ha desencadenado una investigación por parte de la Superintendencia de Transporte, la cual supervisa y vigila el sector, especialmente en casos de alzas no sustentadas ni transparentes.
La metodología tarifaria establecida por el Ministerio de Transporte se basa, según la Resolución 3600 de 2001, en criterios técnicos que consideran la variación de los costos operativos. Entre los principales factores que inciden en la estructuración de tarifas están los precios del combustible, el mantenimiento y repuestos de los vehículos, la mano de obra, los seguros y los costos administrativos. De este modo, se busca no solo la sostenibilidad económica de las empresas, sino también la calidad y seguridad del servicio para los usuarios.
El 15 de enero, Juan Sebastián Ramos Velasco, alcalde de Calarcá, solicitó formalmente al Ministerio de Transporte los detalles técnicos que fundamentaron el ajuste tarifario en la ruta Armenia–Calarcá, donde el pasaje aumentó 600 pesos, aproximadamente un 16,66 %. Posteriormente, la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá, liderada por Angélica María Ocampo Cruz, reiteró la necesidad de conocer el sustento técnico exacto del incremento, subrayando que la ciudadanía merece claridad y transparencia en materia de tarifas.
La administración municipal también precisó que, de acuerdo con la normativa, la competencia para fijar estas tarifas es exclusivamente del Ministerio de Transporte, por tratarse de un servicio de radio de acción nacional. No obstante, la Alcaldía insiste en la importancia de informar a los usuarios y en el cumplimiento de los principios de transparencia, ya que muchas personas han manifestado su molestia y preocupación por esta situación.
La comunicación oficial, remitida tanto al Ministerio como a la Superintendencia de Transporte, refleja la inquietud social existente en Calarcá y Armenia. Varios ciudadanos cuestionan el incremento argumentando que no está justificado por la calidad del servicio. Se mencionan largas esperas, frecuencias irregulares, vehículos en condiciones deficientes y buses apodados “chimenea” debido a sus emisiones, lo que alimenta el descontento colectivo.
Los reclamos no se limitan a una sola ruta. En Córdoba, usuarios han protestado por aumentos de hasta $1.000 en trayectos cortos hacia Río Verde y de $1.500 hacia Barcelona, percibiendo los incrementos como desproporcionados frente a la distancia recorrida y el tiempo de viaje. Voces ciudadanas piden una mayor supervisión y control para evitar abusos tarifarios y exigir que el precio que pagan los usuarios corresponda a un servicio adecuado.
A la espera de una respuesta oficial, tanto la administración municipal como los habitantes de la región esperan que la Superintendencia de Transporte determine si las empresas involucradas en estas alzas serán sancionadas o deberán corregir sus procedimientos en función de garantizar la transparencia y los derechos de los usuarios del servicio.
¿En qué consiste la estructura de costos en el transporte intermunicipal? La estructura de costos es un análisis detallado de todos los gastos que deben afrontar las empresas para operar el servicio de transporte, como el valor del combustible, mantenimiento de vehículos, mano de obra y otros rubros administrativos. Según el Ministerio de Transporte, solo las empresas que reportan debidamente estos datos pueden ajustar sus tarifas, ya que estos documentos permiten verificar si los incrementos están justificados por las condiciones económicas reales del sector. Esta información resulta de suma importancia tanto para los organismos de control como para garantizar que los usuarios paguen por un servicio cuyo precio refleje fielmente los costos y la calidad ofrecida.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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