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Viajar por carretera en Colombia experimenta un ajuste significativo a partir del viernes 16 de enero, momento en el que se implementó un aumento en los costos de los peajes en seis departamentos del país. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esta decisión implica la modificación de las tarifas en quince peajes, en concordancia con la autorización del Gobierno. En términos técnicos, el incremento responde a la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), índice que mide la variación de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios, y que en 2025 cerró en 5,1%. A este ajuste se suma un porcentaje adicional originado por el Ministerio de Transporte, dirigido a las carreteras bajo concesión.
Como consecuencia de esta medida, los usuarios que transiten en vehículos clasificados en la Categoría I —esto incluye automóviles, camperos, camionetas y microbuses que tengan ejes de llanta sencilla— enfrentarán unas de las tarifas más elevadas en los peajes de Pipiral (Meta) con $27.746, Machetá (Cundinamarca) con $27.326 y Antioquia (Antioquia) con $25.855. Otros peajes de alto valor son Aburrá en Antioquia ($24.909), El Placer en Nariño ($20.915), y Boquerón I y II en Cundinamarca, cada uno con $19.864.
Especialistas en el sector, como Darío Hidalgo, profesor en la Universidad Javeriana, consideraron que el ajuste del 5,1% es razonable, incluso menor al alza de otros costos que deben asumir las empresas concesionarias, entre ellos la contratación de nuevo personal y la actualización salarial conforme al salario mínimo vigente. No obstante, esta situación genera preocupación entre los usuarios, en especial los particulares, quienes deberán afrontar mayores gastos al momento de movilizarse.
El principal peso del aumento, sin embargo, recae sobre el sector del transporte de carga, pues el alza será transmitida finalmente a los bienes y productos que circulan por las vías nacionales, lo que puede incidir en el bolsillo de los consumidores debido al encarecimiento de los costos logísticos.
José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, subrayó la importancia de que las políticas de ajuste tarifario se articulen con estrategias verdaderamente orientadas a reducir el costo del transporte, tanto de pasajeros como de carga. En este contexto, el anuncio de eliminar siete peajes por parte del Gobierno alude al desafío de equilibrar ingresos para la infraestructura vial con la necesidad de no obstaculizar la movilidad y el comercio.
Cundinamarca y Antioquia figuran entre los departamentos más afectados por los incrementos. En Cundinamarca, aparte de Machetá y Boquerón, se suman Naranjal, Fusca y Andes; en Antioquia, aparecen también La Pintada, Amagá, Puerto Berrío, Cisneros y Aburrá como peajes con nuevas tarifas elevadas. Asimismo, Circassia, Copacabana y Taparacá I y II destacan en la lista nacional por sus altos costos, mientras que otros puntos como Albarracín, Tuta y Turbaco permanecen como opciones de menor precio.
La ANI estableció que ningún peaje bajo concesión podrá modificar sus precios fuera del mes de enero, salvo condiciones especiales denominadas unidades funcionales, que corresponden a hitos de avance o ampliación en la infraestructura, como podría ocurrir próximamente en los peajes de Amagá y Laberinto.
Este panorama invita a reflexionar sobre el impacto que estos reajustes provocan en la vida diaria de los colombianos y en el flujo de la economía nacional.
¿Qué significa la “unidad funcional” y cómo afecta el precio de los peajes?
El concepto de “unidad funcional” se refiere a un conjunto específico de obras o tramos viales que hacen parte de la infraestructura concesionada. Cuando se completan avances significativos en estas unidades, las concesionarias pueden efectuar nuevos incrementos en las tarifas de los peajes, incluso fuera de la actualización anual de enero. Esta excepción busca compensar la inversión y asegurar el desarrollo progresivo de las vías, aunque implica que los usuarios enfrenten aumentos adicionales cuando concluyen fases cruciales de ampliación o mejoramiento. La ANI supervisa este proceso para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los contratos de concesión.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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