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En la vereda Mochila, situada en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llevó a cabo un meticuloso operativo de seguimiento y control ambiental. El procedimiento fue ejecutado por expertos adscritos a la dirección regional Almeidas y Guatavita, quienes detectaron un preocupante deterioro del entorno natural, producto de la actividad minera ilegal. Durante la inspección, los técnicos observaron la remoción extensiva de la cobertura vegetal –que incluía pastizales y árboles– y la extracción significativa de material rocoso compuesto por arena y arcilla. Esta explotación, además de ser desarrollada a cielo abierto, carecía totalmente de planeación técnica y directrices mineras apropiadas, un factor que agravó el impacto en la zona intervenida.
Camilo Poveda, director regional Almeidas y Guatavita de la CAR, precisó que el área afectada pertenece a la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Río Bogotá. Esta extensión está definida para usos múltiples, y se divide entre espacios agrosilvopastoriles (que combinan actividades agrícolas, forestales y pecuarias) y zonas destinadas a la recuperación para uso múltiple, lo que evidencia la sensibilidad y el valor ecológico del territorio donde se desarrollaron las actividades no autorizadas.
Poveda advirtió que las consecuencias ambientales de la minería a cielo abierto en esta región no son menores. Entre los daños identificados figuran la deforestación, la migración de especies de fauna hacia otras áreas y la alteración de fuentes superficiales de agua, resultado del incremento de material particulado arrastrado al medio acuático. Además, la exposición del terreno favorece procesos erosivos, tanto por efecto del agua (hídrico) como por la acción del viento (eólico). Las falencias en infraestructura para controlar y encauzar adecuadamente el agua lluvia, como la ausencia de zanjas de coronación, intensifican la posibilidad de que materiales contaminantes lleguen a fuentes hídricas cercanas.
Ante la magnitud de los impactos y la falta de permisos ambientales, la CAR ordenó la suspensión inmediata de la actividad minera, por infringir la normativa vigente. La entidad hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar de manera activa este tipo de intervenciones ilegales, recalcando la importancia de proteger los recursos naturales y la biodiversidad que caracteriza a esta rica zona del departamento de Cundinamarca.
Este operativo se suma a otros recientes esfuerzos realizados por las autoridades ambientales para preservar los ecosistemas, rescatando su valor para el bienestar presente y futuro de las comunidades y el entorno.
¿Qué contempla el permiso ambiental requerido para actividades mineras?
El permiso ambiental, mencionado por la CAR, constituye un requisito crucial para el desarrollo de cualquier actividad minera, ya que establece las condiciones que deben cumplirse para minimizar daños sobre el entorno natural. Dicho permiso evalúa la viabilidad del proyecto minero en términos ecológicos, sociales y técnicos, asegurando la implementación de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental. Asimismo, su ausencia puede determinar la suspensión inmediata de las labores y sanciones legales, como ocurrió en Mochila. Comprender su función y alcance resulta fundamental para valorar los mecanismos de protección ambiental y la gestión responsable de los recursos.
Este tipo de regulaciones y controles busca mantener el equilibrio entre el aprovechamiento racional de los recursos y la conservación de los ecosistemas, asegurando el bienestar tanto de las poblaciones humanas como de la fauna y flora afectadas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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