En Estados Unidos los ánimos están enfocados en ver cómo resulta el proyecto de aumento de salario mínimo, que varía según el estado, propuesto en el órgano legislativo que fue presentado y que, según sus ponentes, deja por fuera a los inmigrantes indocumentados.
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El “país de las oportunidades”, como lo han llamado popularmente, ha sido escenario de llegada para muchos inmigrantes que trabajan sin papeles. Son precisamente estas personas las que verían sus salarios congelados debido a la iniciativa de ley presentada por los senadores Tom Cotton (Arkansas) y Mitt Romney (Utah).
Se trata de la Ley de Salarios más Altos para los Trabajadores Estadounidenses, que plantea un incremento gradual del salario mínimo básico para los trabajadores de ese país, llegando a 2028 con pagos de 11 dólares la hora.
Por qué aumento de salario mínimo en Estados no aplicaría para inmigrantes indocumentados
Pero la medida tiene un aspecto clave que, intencionalmente, deja por fuera a los inmigrantes que no tienen documentos. La iniciativa que ya está siendo discutida en ese país plantea que las empresas deben estar inscritas al sistema E-Verify, el cual plantea una rigurosa verificación de datos del empleador y que se comparan con los del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Administración del Seguro Social.
Actualmente este sistema es opcional, pero el ideal del proyecto es volverlo obligatorio, ya que así se podría verificar que la identidad de los empleados y los indocumentados, por supuesto, no harían parte de estos registros.
“Los trabajadores estadounidenses hoy compiten contra millones de inmigrantes indocumentados por muy pocos empleos con salarios demasiado bajos; eso es injusto […] Poner fin al mercado negro de mano de obra ilegal creará puestos de trabajo para los estadounidenses. Aumentar el salario mínimo permitirá a los estadounidenses ocupar esos puestos de trabajo para mantener mejor a sus familias”, dijo al respecto el senador Cotton.
La iniciativa también está siendo apoyada por senadores republicanos como Shelley Moore Capito (Virginia Occidental), Bill Cassidy (Louisiana), Susan Collins (Maine) y J.D. Vance (Ohio). Una vez sea sancionado este proyecto las empresas tendrían 18 meses para implementarlo y de no hacerlo enfrentarían sanciones. Por ahora el proyecto continúa en discusión y no es oficial pero desde ya hay opiniones enfrentadas al respecto.
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