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La decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar en un 23,7% el salario mínimo en Colombia, fijando el ingreso mensual total en dos millones de pesos con auxilio de transporte, desató un intenso debate entre los principales aspirantes presidenciales para 2026. La medida, que representa el aumento más alto en la historia reciente del país, provocó reacciones divididas que revelan los matices ideológicos y las prioridades de los distintos sectores políticos.
Iván Cepeda Castro, senador y precandidato presidencial, respaldó firmemente la decisión gubernamental. Según manifestó en la red social X, considera que esta disposición es tanto ética como económicamente necesaria, ya que puede contribuir a reducir la pobreza, combatir la desigualdad y fortalecer el comercio interno. Cepeda subrayó, además, que las políticas sociales deberían ocupar un lugar central en la toma de decisiones económicas, reafirmando así un enfoque progresista que pone la vida digna como eje fundamental.
En contraste, David Luna, candidato de centro-derecha, expresó su desacuerdo. Luna argumentó que advertir sobre los riesgos asociados al alza del salario mínimo suele ser criticado como insensibilidad, aunque en su perspectiva, decisiones como la de Petro podrían redundar en un aumento de la desigualdad y la pobreza, pese a las buenas intenciones iniciales. Desde su postura, intervenir el salario mínimo sin prever los efectos colaterales constituye un acto imprudente.
Por su parte, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, advirtió que un incremento de tal magnitud podría llevar a un mayor nivel de informalidad laboral, pues, en sus palabras, “con una informalidad que ya supera el 55%, esta decisión puede empujar a más personas a la precariedad”. Pinzón sostiene que el empleo formal podría verse amenazado, afectando la base productiva del país.
Otros candidatos, como Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo, también advirtieron sobre los riesgos de la medida. Galán señaló que, en una economía donde más de la mitad de la población es informal, el aumento podría no beneficiar a la mayoría y, por el contrario, encarecer el costo de vida sin crecimiento real en el ingreso de los sectores vulnerables. Fajardo enfatizó que, aunque algunos hogares mejorarán su calidad de vida, las micro y pequeñas empresas serán las más perjudicadas, advirtiendo sobre un posible incremento del déficit fiscal.
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, criticó que el aumento beneficiará, en mayor medida, a los trabajadores formales y a los funcionarios públicos, mientras que los informales enfrentarán un mayor costo de vida sin recibir ventajas equivalentes. Por el contrario, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, calificó el anuncio como histórico y lo ubicó en la ruta de rescatar derechos laborales, destacando que el progresismo busca profundizar estas conquistas sociales.
Algunos postulantes, como Daniel Quintero, ofrecieron una visión equilibrada: celebran el avance en materia de justicia laboral, pero advierten que de nada servirá el aumento si la inflación diluye el ingreso antes de fin de mes, apuntando a la importancia de políticas complementarias que estabilicen precios y aseguren el poder adquisitivo. Por último, figuras como Mauricio Cárdenas y Juan Fernando Cristo no solo advirtieron un aumento del desempleo y la informalidad, sino que señalaron riesgos para la sostenibilidad fiscal y la viabilidad de las pequeñas empresas, lo que profundiza la controversia sobre los beneficios reales de la decisión presidencial.
¿De qué manera puede el aumento del salario mínimo influir en la informalidad laboral?
La informalidad laboral constituye uno de los grandes retos del mercado de trabajo colombiano. De acuerdo con lo que expresaron varios candidatos citados en el debate, más del 55% de los trabajadores en el país se encuentra en la informalidad, es decir, laboran sin cobertura en seguridad social y sin garantías contractuales. Una de las preocupaciones frecuentes es que un aumento significativo del salario mínimo, aunque favorezca a quienes tienen empleos formales, pueda elevar los costos para los empleadores.
En este sentido, elevar el salario mínimo podría obligar a parte de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, a reducir sus plantillas o pasar a la informalidad para evitar el incremento de cargas laborales. Por tanto, la medida puede tener consecuencias contrapuestas: por un lado, mejora el ingreso de los trabajadores formales, pero, por otro, puede fomentar una expansión de la informalidad si no se acompaña de estrategias para fortalecer la formalización y el empleo estable.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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