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La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre un posible racionamiento de energía que podría afectar a más de 10 millones de personas en distintas regiones de Colombia, incluyendo la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).
Esta amenaza surge debido a un retraso en los pagos de subsidios a las empresas de energía, un proceso que depende de la gestión del Ministerio de Minas y Energía y la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general, destacó la gravedad de la situación, señalando que la falta de pago de los subsidios puede derivar en un racionamiento e incluso en la interrupción del servicio de energía en las regiones mencionadas.
La Contraloría subrayó que la vigilancia y control sobre la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sin embargo, a la fecha, no se conoce de ninguna actuación por parte de estas entidades para mitigar el riesgo, a pesar de la gravedad de la situación.
¿Qué dice el Gobierno osbre un posible apagón nacional?
La crisis se vio agravada por la falta de decisiones del Gobierno en cuanto al reembolso a las empresas prestadoras del servicio por los recursos no recaudados bajo el concepto de “opción tarifaria”.
Este mecanismo, implementado durante la pandemia para congelar las tarifas y aliviar la carga financiera de los hogares, generó un déficit que pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas de energía, especialmente en la Costa Caribe.
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Además, el incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía generó incertidumbre en la capacidad de los generadores para suministrar energía a las empresas prestadoras del servicio.
Esta cadena de problemas podría desencadenar limitaciones en el suministro de energía, afectando gravemente a las comunidades y a la economía en general.
En este contexto, la Contraloría hizo un llamado urgente al Gobierno y a las entidades involucradas para que adopten medidas inmediatas que garanticen la continuidad del servicio de energía.
Entre las acciones sugeridas, se destaca la regularización en el giro de los subsidios y la resolución de las deudas pendientes bajo la opción tarifaria.
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Energía en Colombia: cómo está la situación
En estudios anteriores, la Contraloría había advertido sobre los riesgos asociados a la falta de pago de subsidios y a la sostenibilidad del servicio en la región Caribe.
En un informe del 2022 sobre la “estrategia para la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe”, se concluyó que persistían desafíos críticos, incluyendo los giros de subsidios y el pago de consumos por parte de los usuarios, tanto residenciales como institucionales.
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