La crisis financiera que atraviesa el país podría tener un impacto directo en millones de hogares. Según una alerta de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), el presupuesto nacional para 2025 no contempla los recursos suficientes para garantizar los subsidios de energía eléctrica a los estratos 1, 2 y 3.
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A pesar de que el Gobierno destinó 3,4 billones de pesos para este rubro en el presupuesto del próximo año, esta cifra solo alcanzaría para cubrir los subsidios hasta mediados de junio de 2025, detalló El Tiempo. Esto significa un déficit aproximado de 700.000 millones de pesos para el resto del año.
La situación se agrava si se considera la deuda que el Gobierno mantiene con las empresas distribuidoras de energía. Al 31 de julio de 2024, esta ascendía a 930.000 millones de pesos, correspondientes a subsidios entregados anticipadamente a los usuarios.
Estos pagos, que normalmente son reembolsados por el Ministerio de Minas y Energía, se han visto retrasados debido a los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro.
“El Ministerio de Hacienda no ha aprobado estos pagos debido a los recortes presupuestales”, afirmó José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, citado por el rotativo.
Esta situación provoca gran preocupación en el sector, ya que las empresas distribuidoras se ven obligadas a adelantar los pagos de los subsidios con recursos propios.
Subsidios de energía eléctrica en Colombia están en peligro
Sumando la deuda existente y el déficit proyectado para 2025, se estima que faltan alrededor de 2 billones de pesos para garantizar los subsidios de energía eléctrica a las familias más vulnerables del país.
Estos subsidios financian el 60 % del consumo de subsistencia de los hogares de estrato uno. Mientras que para los de estrato dos este beneficio es del 50 % y del 15 % para las familias de estrato tres, agregó el citado medio.
Esta crisis podría tener consecuencias para millones de colombianos que dependen de estos subsidios. Además, la situación financiera de las empresas distribuidoras se vería aún más comprometida, lo que podría afectar la calidad y continuidad del servicio.
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