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Este artículo fue curado por Santiago Buenaventura   Oct 23, 2025 - 11:03 pm
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El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, calificó como “una muy mala idea” el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que busca implementar una retención del 1,5 % (equivalente al 15×1.000) a las transacciones realizadas a través del ecosistema de pagos digitales, incluyendo el sistema Bre-B y billeteras como Nequi, Daviplata y dale!.

(Destacado: Golpe a pagos con llaves de Bre-B y billeteras digitales: Gobierno Petro alista nuevo impuesto)

En entrevista con Valora Analitik durante el Congreso de Camacol 2025, advirtió que esta medida tendrá consecuencias negativas en un sistema que apenas está iniciando su consolidación en el país, apenas dos semanas después de haber entrado en vigor el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.

Advertencia desde Fedesarrollo por impuesto que quieren meter en Bre-B

Según explicó el economista: “El Gobierno pretende igualar esas retenciones al esquema que hoy en día tienen las tarjetas de crédito y débito”. Sin embargo, consideró que esta decisión desconoce el contexto y los objetivos fundamentales de estos nuevos sistemas.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo

“En el contexto de un sistema que apenas está iniciando, y si el objetivo fundamental es la inclusión financiera y los pagos digitales, un impuesto —porque la retención no es otra cosa que un impuesto anticipado— lo único que va a hacer es disminuir los incentivos para que la gente utilice estos sistemas. Esto incentiva nuevamente el uso del efectivo, que en Colombia infortunadamente es muy alto”, señaló Mejía.

(Lea también: Así puede cambiar su llave de Bre-B en bancos: paso a paso sencillo (sin perder pagos))

El director de Fedesarrollo fue enfático al señalar que “el Gobierno tiene que pensar bien las consecuencias negativas que esto podría generar en toda la consolidación de un sistema que es absolutamente necesario” para la modernización financiera del país.

La propuesta del Ministerio de Hacienda, que salió a comentarios del público, plantea que todos los pagos que se hagan en los comercios de Colombia tendrán un impuesto de retención en la fuente equivalente al 1,5 % del monto generado.

En la práctica, esto significa que todas las compras de bienes y servicios que reciban pagos con cualquier medio de pago digital tendrán este gravamen.

El sector financiero ya había expresado su rechazo a la medida. El presidente del Banco de Bogotá, César Prado, dijo en el mismo evento: “Realmente, es una noticia sorprendente. Llevamos años preparando el proyecto, un sistema estratégico nacional liderado desde el Banco de la República, con plena participación del sector financiero”.

Agregó que “el desespero ante la situación calamitosa de la situación fiscal del Gobierno parece llevarlo a buscar recursos de cualquier manera” y señaló: “Todavía estamos en la tercera semana intentando que los colombianos conozcan y adopten estas herramientas, y ya se plantea imponer retenciones en la fuente para pagos, muchos de los cuales ni siquiera corresponden a compras, sino a simples transferencias”.

Por su parte, el presidente de Davivienda, Javier Suárez, manifestó: “La situación fiscal es compleja y el Gobierno busca alternativas, pero el sector financiero es un blanco fácil para recaudar, como ocurre con el 4×1.000. Sin embargo, esta medida iría en contra de un sistema que recién está naciendo, basado en tres principios fundamentales: operabilidad, inmediatez y gratuidad”.

Suárez comparó la situación con el caso brasileño: “Los datos de Brasil lo confirman: la expansión de Pix impulsó la economía, generó ventas y apoyó a pequeños negocios. El criterio para recaudar no debería ser la facilidad, sino la conveniencia, y este no es el caso”.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) también rechazó la propuesta: “Cualquier ruta regulatoria que implique el encarecimiento de los pagos digitales es inconveniente para el desarrollo del ecosistema digital y financiero del país. Este tipo de medidas desincentiva la adopción tecnológica, la formalización y la inclusión financiera, además de encarecer la digitalización de miles de micro y pequeñas empresas que aún no aceptan pagos digitales debido a sus altos costos fiscales”.

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