En un comunicado, un tribunal de Ámsterdam explicó que el dirigente prófugo no tenía derecho a esas sumas percibidas “porque no existió ningún contrato entre él y la empresa”, que es controlado por una compañía holandesa.
Carlos Ghosn exigía ante el tribunal holandés el pago de 15 millones de euros (unos 18 millones de dólares) por un supuesto despido ilegal.
A cambio, el tribunal ordenó que es Ghosn quien debe pagar cerca de 5 millones de euros a Nissan-Mitsubishi, por fraude contra su exempleador.
Ghosn es buscado por la justicia de Japón, de donde se fugó a finales de 2019 (escondido en el estuche de un chelo) con destino a Líbano mientras estaba en libertad bajo fianza a la espera de ser juzgado por un presunto desfalco financiero en Nissan.
El franco-libanés-brasileño, sobre el que pesa una solicitud de detención de la Interpol, permanece fuera del alcance de la justicia japonesa porque Líbano no extradita a sus nacionales. Sin embargo, la justicia libanesa le ha prohibido salir del país.
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