Bogotá apuesta por más inversión y equidad: claves del nuevo proyecto fiscal que promete transformar la ciudad

En una coyuntura determinante para el futuro económico de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda presentó al Concejo Distrital el Proyecto de Acuerdo para la Equidad y la Inversión, una iniciativa que busca transformar de manera profunda el sistema fiscal de la capital. Esta propuesta, elaborada durante más de diez meses con apoyo técnico de expertos en finanzas públicas y desarrollo local, responde a los lineamientos trazados tanto por el Plan de Desarrollo como por el Concejo. De acuerdo con Ana María Cadena, secretaria de Hacienda del Distrito, la propuesta apunta a un sistema tributario progresivo, mecanismos para fortalecer la gestión financiera local, así como incentivos para atraer inversión productiva, todo ello orientado a consolidar el crecimiento económico y promover la justicia social.

Los fundamentos del proyecto descansan en tres ejes clave. El primero es la promoción de la inversión privada mediante incentivos tributarios que buscan movilizar más de 77 billones de pesos en nuevas inversiones directas durante la próxima década. Esta apuesta se traduce en una proyección de hasta 200.000 empleos generados en áreas prioritarias como las manufacturas de alto valor agregado, los servicios basados en conocimiento y el sector de la salud. Uno de los componentes innovadores dentro de este eje es la estrategia denominada “Bogotá Ciudad Aeropuerto”, que brinda beneficios en impuestos de Industria y Comercio (ICA), predial y disposiciones de uso de suelo en zonas como Fontibón y Engativá, con el objetivo de convertir a Bogotá en un polo de inversión moderna y competitiva a nivel regional. Igualmente relevante en esta línea es la inclusión de la renovación urbana y la meta de construir 94.500 nuevas unidades de vivienda, así como la introducción de esquemas novedosos de arrendamiento especializado para responder a un déficit habitacional que, según datos oficiales, alcanza las 223.000 viviendas (DANE, 2024).

El segundo pilar es la equidad tributaria mediante la simplificación y progresividad del sistema. Se propone reducir el número de tarifas del impuesto ICA de 13 a 4, favoreciendo a cerca del 68% de empresas, principalmente micro, pequeñas y medianas, que forman la base del tejido empresarial bogotano. Respecto al impuesto predial, el 55% de los hogares en estratos bajos (1, 2 y 3) serían beneficiados por reducciones, mientras que la mayoría de contribuyentes mantendría tarifas estables y solo algunos sectores experimentarían incrementos moderados. Este diseño tributario busca distribuir la carga fiscal en proporción a la capacidad de pago, privilegiando a los grupos más vulnerables y afianzando la justicia distributiva en la ciudad. Diversos estudios sobre sistemas tributarios progresivos en la región, como el realizado por el Banco Mundial en 2020, avalan estas estrategias para ampliar la base de contribuyentes manteniendo la equidad y la competitividad urbana.

El fortalecimiento de la autonomía financiera es el tercer pilar del proyecto. Frente a la disminución de la capacidad de endeudamiento del Distrito, las autoridades buscan diversificar las fuentes de ingreso. Entre las medidas introducidas destaca la reactivación del cobro por alumbrado público, diseñado para no afectar a los hogares de estratos bajos. Se plantea también la creación de un Estatuto Único Tributario para Bogotá con el fin de simplificar procesos, agilizar trámites y propiciar el cumplimiento eficiente de las obligaciones fiscales, una recomendación recurrente de entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2023).

El contexto de la ciudad es desafiante. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá concentra buena parte del empleo formal en Colombia, pero mantiene elevados niveles de informalidad laboral y enfrenta un déficit habitacional significativo. En este escenario, el proyecto de ley busca alcanzar un balance entre crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad financiera, elementos esenciales para sostener el papel de liderazgo regional de Bogotá. Investigaciones lideradas por instituciones como la Universidad de los Andes subrayan que las reformas tributarias alineadas con el desarrollo local son un instrumento crucial para mejorar la calidad de vida urbana y fomentar la competitividad de la capital.

No obstante, la propuesta no está exenta de cuestionamientos. Algunos gremios y sectores ciudadanos han manifestado preocupaciones respecto a los aumentos impositivos, especialmente en el predial dirigido a sectores comerciales y propiedad privada, ante el temor de posibles impactos negativos en la inversión y en el proceso de reactivación económica posterior a la pandemia. Tal como han subrayado analistas en entrevistas en El Espectador, la clave del éxito residirá en la calidad de la implementación, el equilibrio de cargas e incentivos y la capacidad de la administración para mantener la confianza del sector privado y de la ciudadanía en general. Asimismo, la apertura de canales de participación y el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas resultarán indispensables para asegurar la legitimidad y eficacia de las nuevas políticas fiscales.

Este proyecto podría constituir una experiencia referencial para otras grandes ciudades de América Latina que buscan equilibrar autonomía financiera, progresividad tributaria y dinamismo económico. En un contexto de profundas transformaciones urbanas y sociales, el experimento fiscal de Bogotá será seguido de cerca como ejemplo de cómo afrontar, desde la política pública, los retos de una metrópoli latinoamericana en búsqueda de mayor equidad y sostenibilidad.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Cuáles podrían ser los efectos a corto y largo plazo de los incentivos tributarios para la atracción de inversión en Bogotá?
La implementación de incentivos tributarios constituye una herramienta popular para estimular la inversión y la empleabilidad. Sin embargo, surge el interrogante sobre la sostenibilidad de estas medidas y su verdadero impacto en la economía urbana. Por un lado, los incentivos pueden dinamizar sectores específicos y acelerar el crecimiento de nuevas empresas; por otro, existe el riesgo de generar desigualdades si los beneficios no son distribuidos equitativamente o de reducir la capacidad financiera del Distrito si las exoneraciones perjudican la recaudación futura.

El análisis de experiencias previas en otras ciudades latinoamericanas indica que la efectividad de los incentivos tributarios depende en gran medida de la calidad de su diseño y de la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación. En el caso de Bogotá, será esencial hacer seguimiento al impacto real sobre la generación de empleo, la formalización empresarial y el equilibrio territorial, asegurando que los sectores beneficiados alineen sus inversiones con las prioridades sociales y urbanas definidas por la administración local.

¿Cómo se garantizará la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos recaudados con el nuevo sistema tributario?
Un tema recurrente en la discusión sobre reformas fiscales es la confianza ciudadana en el destino y la utilización de los recursos públicos. La consolidación de sistemas modernos de control y fiscalización es fundamental para evitar prácticas indebidas y asegurar que el dinero recaudado, especialmente mediante nuevos gravámenes y cobros, se destine a inversiones prioritarias para la ciudad.

El contexto bogotano exige no solo ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación, sino también reforzar los canales de información pública y control social. Así, la administración distrital deberá implementar estrategias claras de participación, reportes periódicos de avances y auditoría independiente, fortaleciendo la percepción de transparencia y el compromiso del Estado con la sociedad. Este aspecto será determinante para el éxito y la legitimidad de la reforma ante la población.