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El balance presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para el 2025 deja como principal mensaje la importancia de mantener una gestión eficiente y responsable de los recursos hídricos, justo después de un año marcado por el fin del racionamiento. Tomando como base los datos oficiales entregados hasta noviembre, la entidad subrayó cómo el crecimiento poblacional de la ciudad exige una infraestructura urbana resiliente y acciones orientadas a la sostenibilidad.
En lo que respecta al control y reducción del fraude, el informe resaltó el incremento de inspecciones en campo: durante el 2025, la EAAB realizó 8.547 visitas para hacer seguimiento y fiscalización, lo que permitió identificar 2.794 casos de fraude relacionados con el uso ilegal del agua. Aunque el número de irregularidades detectadas disminuyó en comparación con el año anterior, el aumento de intervenciones evidencia un monitoreo más riguroso del sistema y una respuesta estratégica a las prácticas ilícitas que ponen en riesgo el acceso comunitario al agua potable. Según el reporte, estas acciones derivaron en la recuperación de volúmenes significativos que antes no estaban siendo facturados correctamente.
Uno de los logros más destacados fue la histórica recuperación de 6 millones de metros cúbicos de agua no facturada, cifra que supera en un 48 % a la recuperada durante el 2024. Esto resultó en un aumento proporcional en los ingresos por facturación, alcanzando $26.372 millones en 2025 (un 46 % más respecto al año anterior). Este fortalecimiento financiero se traduce en inversiones destinadas al mantenimiento de tuberías, atención de daños y mejoras en la operación general del servicio.
Un aspecto clave del balance fue la significativa disminución de las pérdidas por fugas. La normalización del sistema tras el racionamiento permitió reducir el desgaste de las redes y, como resultado, el volumen de agua extraviada bajó de 32,75 a 17,31 millones de metros cúbicos, lo que representa una mejora del 47 %. La gestión oportuna de daños, el ajuste de presiones en la red y la respuesta a reportes ciudadanos permitieron que el número de incidentes y afectaciones disminuyera sustancialmente.
El control sobre el fraude desembocó en la revisión y retiro de 668 medidores que presentaban presuntas irregularidades, de los cuales un 74 % evidenció alteraciones. Identificar y corregir estos casos no solo contribuye a una facturación más justa, sino que previene prácticas que afectan la sostenibilidad a largo plazo del sistema.
El informe también detalló cuáles fueron las áreas más afectadas por irregularidades, con localidades como Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar encabezando el listado. La focalización por zonas permitió optimizar recursos y priorizar intervenciones donde el riesgo de fraude y pérdidas era mayor.
Desde el punto legal, la EAAB reforzó las acciones judiciales contra los usuarios que cometían este tipo de delitos. Los procesos judiciales por defraudación de fluidos pasaron de 264 en 2024 a 438 en 2025, involucrando un volumen de agua y un valor económico notablemente superiores. Estos avances reflejan una mayor coordinación entre la empresa y las autoridades para proteger el recurso hídrico y castigar los comportamientos que lo ponen en peligro.
Por último, el Indicador de Pérdida por Usuario Final (IPUF) mantuvo una reducción gradual, lo cual demuestra no solo un mejoramiento en la detección y respuesta ante fugas, sino en la gestión integral del servicio. Según la EAAB, de cara al 2026, las metas se centran en continuar perfeccionando el control, la eficiencia y la cultura del consumo responsable, con la meta última de asegurar la disponibilidad de agua para el futuro de Bogotá.
¿Cómo se detectan y sancionan las alteraciones a los medidores de agua?
La revisión y detección de medidores alterados es un proceso fundamental para la EAAB, ya que afecta tanto la facturación como la gestión adecuada del recurso. Cuando se sospechan irregularidades, se realizan inspecciones técnicas en los predios, empleando equipos y personal calificado que verifica el funcionamiento y estado de los medidores. Si se confirma una alteración, como manipulación de las lecturas o intervenciones físicas, se retira el dispositivo para su análisis y se recalcula el consumo real de agua del usuario.
Estas acciones permiten no solo corregir el monto facturado, sino también identificar a los responsables para que respondan judicialmente por fraude, un delito que genera pérdidas económicas y afecta el abastecimiento. El fortalecimiento de estos controles, como reporta la EAAB, ha sido clave para avanzar hacia una distribución y pago del agua más equitativos para toda la ciudad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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