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La Personería de Manizales lideró recientemente una acción preventiva tras identificar graves falencias en la respuesta institucional ante los casos de maltrato animal en la ciudad. Uno de los compromisos derivados de este proceso establecía que, el lunes 15 de diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente debía entregar el decreto formal de implementación de la Ruta de Atención del Maltrato Animal (RAMA) delante de entidades de control como la Fiscalía, la Policía de Carabineros, la Sijín, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Procuraduría Provincial y representantes jurídicos de la Universidad de Manizales. A este encuentro, sin embargo, la funcionaria responsable no acudió y no presentó el documento exigido, situación que fue interpretada como un incumplimiento significativo de los compromisos establecidos con las entidades de control.
Como resultado, la delegada de la Personería asumió la instrucción disciplinaria correspondiente. El proceso, según confirmó la entidad, se desarrolla bajo el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales, presumiendo la inocencia de la funcionaria hasta que se demuestre lo contrario, en consonancia con los principios del Estado de derecho. Tal como resaltó la Personería en sus declaraciones, la finalidad de este tipo de investigaciones es salvaguardar los derechos de los animales y procurar que las entidades públicas respondan de manera eficiente y oportuna ante situaciones de violencia o abuso.
La secretaria de Medio Ambiente de Manizales, Jessica Quiroz, manifestó su sorpresa al diario LA PATRIA frente a la apertura de la investigación. Argumentó que, hasta el momento, no había recibido notificación formal acerca del proceso. Explicó también que la responsabilidad estructural de la RAMA recae sobre el Ministerio de Ambiente, que establece los lineamientos normativos y operativos para que las autoridades locales procedan a realizar su adopción, y que los municipios tienen un periodo de hasta seis meses para implementar tales medidas. Por lo tanto, desde su punto de vista, la administración local no estaba aún obligada a presentar dicho decreto en la fecha señalada.
Adicionalmente, la secretaria señaló que la administración municipal iniciaría una revisión jurídica para determinar si podría haberse producido una extralimitación de funciones por parte de la Personería en el marco del proceso. Sostuvo que se impulsarán los procedimientos jurídicos pertinentes a fin de garantizar los derechos institucionales y personales de los funcionarios involucrados.
La Ruta de Atención del Maltrato Animal, conocida como RAMA, constituye un mecanismo normativo cuyo objetivo es coordinar la actuación de varias instituciones frente a denuncias de agresiones, negligencia o abuso hacia animales. Esta ruta, cuya exigencia proviene del ordenamiento legal nacional, busca evitar la impunidad y proteger la vida, así como la integridad de los animales, considerados seres sintientes. Así, la articulación de entidades y la definición de protocolos efectivos son esenciales para responder a la creciente demanda social por la defensa de los derechos de los animales y la cultura de cuidado hacia ellos.
El incidente deja en evidencia las tensiones y retos que enfrentan las instituciones locales debido a la presión social e institucional para responder con mayor rigor a los casos de maltrato animal. La determinación de competencias y la adecuada comunicación interinstitucional emergen como aspectos centrales para la eficacia de mecanismos como la RAMA. Queda abierta la discusión sobre el equilibrio entre los tiempos de la administración, las responsabilidades legales y la urgencia social de proteger a los animales.
¿Cuáles son las etapas centrales en la implementación de la RAMA?
Entender el proceso de adopción de la Ruta de Atención del Maltrato Animal (RAMA) implica conocer cómo interactúan las distintas entidades, desde el Ministerio de Ambiente hasta las autoridades municipales. Cada una tiene roles y plazos definidos, lo que genera la necesidad de un trabajo conjunto para avanzar en la formalización y aplicación del mecanismo.
Este proceso, estructurado en varias fases, abarca desde la expedición de lineamientos nacionales, la adopción normativa local y la capacitación de funcionarios, hasta la consolidación de protocolos de respuesta ante denuncias. De esta articulación depende la efectividad con la que se atienden los casos y se asegura la protección de los animales en cada territorio.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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