Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.
El conflicto surgido en la zona cercana a la Reserva Río Claro, en el barrio La Cumbre, pone de manifiesto las tensiones entre el desarrollo de actividades económicas y el derecho de las comunidades a un entorno saludable. De acuerdo con reportes de habitantes, actualmente tres carboneras operan en esta área pese a que la autoridad ambiental regional, Corpocaldas, solo permitió formalmente el funcionamiento de dos. Esta situación ha derivado en quejas persistentes por acumulación de humo, sobre todo durante las noches, cuando una nube densa desciende de la montaña e invade las viviendas locales, deteriorando la calidad del aire y generando preocupaciones por la salud de los residentes, especialmente de grupos vulnerables, tal como reseñó el medio La Patria.
La agropecuaria Siete Cueros ha sido señalada por la comunidad como responsable de parte de la polución. Esta empresa utiliza residuos de madera para producir carbón vegetal, lo que, según los denunciantes, estaría vinculado además a la tala extensiva y al presunto maltrato animal, factores que motivaron denuncias desde el año 2022. Luego de estas quejas iniciales, se realizó una inspección oficial, pero la percepción entre los vecinos es que la problemática se ha mantenido durante el tiempo, lo que alimenta la desconfianza hacia las respuestas institucionales, según insistieron fuentes citadas por La Patria.
Ante la presión social, Corpocaldas junto con la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales respondieron afirmando que la explotación actual corresponde a plantaciones comerciales controladas de eucalipto, amparadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Ambas entidades aseguraron, basándose en inspecciones apoyadas con drones, que las actividades productivas no afectan la Reserva Forestal Protectora Río Blanco, y que no se detectó ninguna quema activa de carbón en las visitas más recientes. Sin embargo, la distancia entre informes institucionales y testimonios ciudadanos evidencia la dificultad de monitorear de forma efectiva estas actividades en zonas rurales que han ido adquiriendo características urbanas.
La controversia en La Cumbre evidencia retos comunes a otras regiones de Colombia donde la producción de carbón vegetal figura como fuente de contaminación atmosférica y reducción forestal. Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la combustión para la elaboración de carbón suele incrementar el material particulado fino (PM2.5) en el ambiente, compuesto que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, está asociado a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El tema se complica aún más cuando la tala, incluso si es legal en plantaciones comerciales, no tiene criterios estrictos de manejo sostenible, impactando tanto la biodiversidad como los ciclos hídricos, según investigaciones del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).
A lo anterior se suma la denuncia de maltrato animal, que enturbia la relación entre la empresa y la comunidad. Informes de la Defensoría del Pueblo subrayan el desafío que implica para las autoridades el control y vigilancia de actividades a pequeña escala pero de alto impacto. En este sentido, el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana y la participación comunitaria han sido reconocidos como elementos imprescindibles en la gestión ambiental local.
Frente a esta situación, el caso de La Cumbre puede entenderse como reflejo de los desafíos contemporáneos de conciliación entre economía, medioambiente y bienestar en Colombia. El diálogo transparente, la certificación de manejos sostenibles, la adopción de tecnologías menos contaminantes y el respaldo institucional aparecen como alternativas válidas para compatibilizar la actividad productiva y la conservación, siempre con el acompañamiento de las comunidades y autoridades competentes. Así, el equilibrio entre actividad económica y protección ambiental demanda un compromiso conjunto que priorice tanto el desarrollo como el derecho a un ambiente sano.
¿Qué significa exactamente “carbonera” en este contexto?En el marco de este conflicto, “carbonera” se utiliza para designar lugares o instalaciones donde se lleva a cabo la producción de carbón vegetal. Esta actividad implica quemar madera en condiciones de control de oxígeno para transformarla en carbón, que suele utilizarse como fuente de energía en cocción y procesos industriales. Las carboneras pueden ser legales si cuentan con los permisos y controles ambientales exigidos, pero su operación sin monitoreo adecuado puede ocasionar graves impactos en el aire y el entorno local, como lo han denunciado los habitantes de La Cumbre.
¿Por qué es relevante el material particulado fino (PM2.5) en esta problemática?El PM2.5, o material particulado fino, es una mezcla de pequeñas partículas en el aire que pueden ser inhaladas profundamente y alojarse en los pulmones o el sistema respiratorio. La preocupación en el caso de las carboneras en La Cumbre radica en que la quema de madera para producir carbón vegetal suele liberar altos niveles de PM2.5, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en vulnerables como niños y adultos mayores. Dada la exposición nocturna reportada en la zona, la preocupación sanitaria cobra aún mayor importancia para la comunidad y las autoridades ambientales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
