En el municipio de Piedecuesta, Santander, han salido a la luz graves acusaciones de maltrato hacia pacientes con discapacidad cognitiva en la IPS Elogios. Familiares de quienes estaban bajo el cuidado de esta institución han denunciado una serie de hechos que activaron la alarma en la región y que hoy están siendo investigados por las autoridades pertinentes. Este caso fue expuesto en detalle por el programa ‘Séptimo Día’, que reveló testimonios y evidencia audiovisual sobre la situación.
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Para sumar a los hechos, durante la grabación de una de las escenas del reportaje, enfrente de la oficina principal de la IPS, en Bucaramanga, se presentó una particular situación. El periodista Juan Carlos Villani se vio enfrentado a los reclamos de un adulto mayor, identificado como Elías Durán, familiar de Amparo Durán, directora de Elogios, quien enfrenta un proceso judicial por este caso.
El iracundo sujeto se abalanzó de manera amenazante sobre el comunicador, reclamándole por no tener permisos para grabar, pese a encontrarse en plena vía pública. La situación escaló aún más, paradójicamente, luego de que otra persona intentó calmar al adulto mayor, quien intentó lanzar un golpe sobre el rostro de Villani mientras todo quedaba registrado en las cámaras del programa.
Así fue la reacción de un iracundo hombre cuando estábamos grabando desde la calle hacia el establecimiento denunciado por varios padres de familia en Bucaramanga! Qué les parece? La historia completa en https://t.co/DylAVxTD2B pic.twitter.com/koxmLkoYPb
— JUAN CARLOS VILLANI 🥇 (@JUANVILLANI) May 6, 2025
Durante el programa intervino Mónica Patricia Camacho, madre de Javier Mauricio Franco Camacho, uno de los pacientes afectados, quien compartió públicamente el dolor que experimentó al descubrir que su hijo estaba siendo maltratado en la institución. Camacho relató que su hijo, diagnosticado desde su nacimiento con una condición cognitiva que le ha requerido atención especializada durante 32 años, fue inmovilizado durante largas jornadas, desde horas de la tarde hasta la mañana siguiente.
“Nunca me imaginé que fuera ser así maltratado y todo el tiempo, porque fue todo el tiempo que lo estuvieron maltratando a él”, dijo la madre, visiblemente afectada.
Las denuncias contra la IPS Elogios
La familia de Javier Mauricio asegura haber buscado siempre lo mejor para él, llevándolo a entornos educativos adecuados y buscando el apoyo especializado. En 2012, Camacho conoció la IPS Elogios a través de la EPS Salud Total. En ese momento, la entidad, encabezada por Amparo Durán, le aseguró que el tratamiento ayudaría a mejorar la calidad de vida de su hijo, prometiéndole métodos seguros y efectivos.
No obstante, la realidad fue otra. Mónica notó cambios visibles en su hijo y días en los que lo veía notablemente más delgado. Al preguntarle, Javier Mauricio confesó que era castigado por su comportamiento o por consumir ciertos alimentos. Todo se agravó cuando, a finales de 2024, una persona anónima contactó a la madre y le envió fotografías y mensajes de alerta sobre la situación de su hijo. En las imágenes se veía a Javier atado con cinta y visiblemente lastimado.
Las denuncias no solo se limitaron al caso de Javier Mauricio. Según lo reportado por “Séptimo Día” y recogido por Noticias Caracol, otras familias también habrían recibido material que demuestra supuestas prácticas de castigo sistemático, como la inmovilización prolongada y el uso de hidroterapia con agua helada.
Frente a las pruebas entregadas y al testimonio de su propio hijo, quien aseguró haber sufrido maltratos físicos, incluidos golpes, Mónica entregó la denuncia formal a la Fiscalía el 24 de diciembre de 2024. Las autoridades, en especial la Policía de Bucaramanga, bajo la dirección del general Henry Yesid Bello, llevaron a cabo una investigación que resultó en la captura provisional de siete personas, entre ellas la mencionada representante legal, Amparo Durán, por el presunto delito de tortura agravada.
Sin embargo, tras una audiencia de legalización, un juez determinó que existieron fallos en el procedimiento, lo que dejó en libertad a los capturados mientras continúa el proceso judicial. Por ahora, las familias afectadas siguen exigiendo que se haga justicia y que nunca más se repitan hechos similares en instituciones de atención a poblaciones vulnerables.
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