El Informe Global de Riesgo Cibernético 2025 de Aon revela que los incidentes cibernéticos que afectan la reputación pueden reducir en promedio un 27% el valor para los accionistas.
Este análisis, basado en más de 1.400 eventos globales, identificó que los ataques de malware y ransomware son los más propensos a generar daños reputacionales significativos.
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Aunque solo representan el 45% de los incidentes, causan el 60% de las crisis que afectan la imagen corporativa.
El estudio destaca que estos riesgos ya no son solo tecnológicos, sino organizacionales, por lo que la preparación, liderazgo, respuesta rápida, comunicación y capacidad de cambio son claves para mitigar el impacto.
En América Latina, los ciberataques crecieron a una tasa anual del 25% en la última década. Brasil, México y Colombia fueron los países más afectados en 2024.
A pesar de una leve mejora en los niveles de madurez cibernética, la región sigue siendo un blanco atractivo para los atacantes, debido a la baja inversión en ciberseguridad y la alta proporción de pymes.
Aunque el seguro cibernético puede cubrir algunos costos, el riesgo reputacional no es transferible, lo que obliga a las empresas a adoptar estrategias proactivas de gestión del riesgo y respuesta a crisis para minimizar los daños financieros y de imagen.
Por qué la ciberseguridad es tan importante en Colombia
La ciberseguridad es un tema crucial en Colombia debido al crecimiento exponencial del uso de tecnologías digitales en todos los sectores económicos, sociales y gubernamentales. En un país donde cada vez más personas y empresas dependen de la conectividad, las plataformas digitales, los servicios bancarios en línea y las redes sociales, la protección de la información y de los sistemas digitales se ha vuelto una prioridad estratégica. La transformación digital ha traído numerosos beneficios, como la agilización de procesos, el acceso remoto a servicios y el fortalecimiento del comercio electrónico, pero también ha aumentado los riesgos asociados a ataques cibernéticos como el robo de datos, fraudes financieros, suplantación de identidad, espionaje industrial y secuestro de información mediante ransomware.
En Colombia, muchas instituciones públicas y privadas aún no cuentan con medidas de seguridad robustas ni con una cultura de prevención digital sólida. Esto las convierte en blancos fáciles para cibercriminales nacionales e internacionales.
Según diversos informes, el país ha estado entre los más atacados de América Latina, lo cual evidencia una necesidad urgente de mejorar la infraestructura de ciberseguridad y promover políticas públicas que incentiven la inversión en esta área. Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría del tejido empresarial colombiano, son especialmente vulnerables porque muchas no destinan recursos suficientes para proteger sus activos digitales ni capacitan a sus empleados en prácticas seguras.
Además, los riesgos cibernéticos no afectan únicamente a nivel económico o técnico; también tienen consecuencias directas sobre la reputación y la confianza pública. Una fuga de información en una empresa o una entidad estatal puede generar desconfianza generalizada, pérdida de clientes, sanciones legales y un fuerte impacto en el valor de la marca.
En el caso del sector financiero, por ejemplo, un incidente de seguridad puede paralizar operaciones críticas y poner en riesgo los ahorros de millones de personas. Por eso, la ciberseguridad debe ser abordada no como un gasto adicional, sino como una inversión necesaria para asegurar la continuidad del negocio y la estabilidad institucional.
Cómo se fortalece la ciberseguridad en Colombia
Fortalecer la ciberseguridad en Colombia implica implementar marcos regulatorios más estrictos, fomentar alianzas público-privadas, desarrollar talento humano especializado y crear una cultura de conciencia digital en la población. Solo así el país podrá enfrentar con mayor resiliencia los desafíos del entorno digital actual y proteger tanto su economía como su soberanía informativa.
Asimismo, es fundamental que Colombia avance en la creación de un ecosistema nacional de ciberseguridad que incluya la cooperación entre gobiernos, empresas, universidades y sociedad civil. Esto permitiría compartir inteligencia sobre amenazas, establecer protocolos de respuesta unificados y promover estándares de seguridad comunes.
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