Esta decisión es un enorme revés para el ejecutivo comunitario, guardián de la competencia en la Unión Europea (UE), en su batalla por limitar la transferencia de beneficios de las multinacionales y el poder de los gigantes estadounidenses.
Este mismo miércoles, Apple dijo en un comunicado que “se congratula” con la decisión, opuesta a lo que aspiraba la Comisión Europea, que es una de las siete instituciones de la Unión Europea, que tiene el poder ejecutivo y se encarga, entre otras, de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la Unión.
A su turno, las autoridades irlandesas se congratularon también de la decisión de la justicia europea que anula una orden de Bruselas que obligaba a Apple a devolver a Dublín 13.000 millones de euros (unos 14.800 millones de dólares al cambio de hoy).
“Celebramos el veredicto del tribunal europeo”, dijo el ministerio de Finanzas irlandés en un comunicado, afirmando que “nunca hubo un trato especial” hacia Apple, que fue sometido a los impuestos en vigor en el país, aunque la Comisión denunció un trato económico preferencial.
En todo caso, el fallo del Tribunal General de la UE se puede recurrir y la decisión final sería en 2021. “Es poco probable que la sentencia [de este miércoles] ponga fin a la historia”, había estimado Alfonso Lamadrid, abogado de la firma Garrigues.
Su inicio se remonta a agosto de 2016, cuando una decisión histórica de la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, puso a la UE en el mapa como azote del Silicon Valley, al acusar a Irlanda de permitir que Apple se ahorrara impuestos entre 2003 y 2014.
Según Bruselas, la empresa estadounidense se benefició de las “ventajas fiscales” de Irlanda, donde llegó a contar en 2014 con un tipo de imposición del 0,005%, para declarar sus ingresos obtenidos en Europa, África, Oriente Medio y la India.
La Comisión consideró que esto le otorgaba una ventaja sobre otras empresas, al permitirle evitar el pago de unos 13.000 millones de euros durante ese período, y declaró que Irlanda le concedió una “ayuda estatal” ilegal.
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, calificó entonces la medida de “basura política” y de intento de alterar la forma en que las multinacionales pagan impuestos. Irlanda lo consideró una interpretación “asombrosa” de la ley fiscal.
El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó incluso a Vestager, que en 2019 renovó su cargo al frente de Competencia por otros cinco años, de “odiar” a Estados Unidos y la bautizó como la “señora de los impuestos” por las multas a las empresas de su país.
Algunos observadores han expresado sus dudas sobre el caso de Apple, preguntándose si la UE estaba usando sus reglas antimonopolio para tomar medidas enérgicas contra las estrategias de optimización fiscal de las multinacionales.
Impuesto global, en punto muerto
En casos similares, el mismo tribunal anuló una orden de Bruselas para que Starbucks devolviera 30 millones de euros a Países Bajos. Pero, en otra decisión, confirmó que Fiat debía pagar aproximadamente la misma cantidad a Luxemburgo.
Corresponderá decidir al tribunal europeo de primera instancia “si la Comisión hizo el trabajo necesario para demostrar que Apple recibió una ventaja y determinar la cantidad de esa ventaja”, explicó el abogado especializado en política de Competencia.
El caso llega cuando la UE está tratando de encontrar maneras de gravar mejor a los gigantes digitales para que paguen los impuestos en los lugares donde hacen negocios, aunque algunas capitales europeas se han opuesto a ello.
Para Tove Ryding, experta en impuestos de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), el “elefante en la habitación” es que existen países de la UE con un “sistema fiscal lleno de lagunas” que ponen a disposición de las multinacionales.
Países Bajos, Chipre, Malta y Luxemburgo llevan a cabo prácticas similares a las de Irlanda, según Ryding. El anterior comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, calificó incluso a estos países de “agujeros negros fiscales”.
Aunque los países de la UE condicionan la adopción de un impuesto digital a un pacto a nivel internacional, las conversaciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encuentran estancadas por la oposición de Washington.
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