La inseguridad más que un tema de percepción se convirtió en un problema que “se salió de madre” en la ciudad de Bogotá, a diario los ciudadanos se enfrentan a hechos insólitos que sin distingo de edad, zonas, clases sociales o género reportan heridas de consideración, ataques de lesiones desproporcionadas, enfrentamientos con la fuerza policial, robos masivos en el transporte público, intimidación con armas en las calles, entre otros factores. Biosfera social en la que un importante porcentaje de capitalinos afirma haber sido víctima de algún delito, y no les permite estar tranquilos en su propio entorno de vivienda, a consecuencia de bandas de crimen organizado, binacionales, que operan principalmente en las localidades de Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Usme y Suba, pero no dejan al margen otros sectores de la ciudad.
Complejo escenario que da mucho que pensar si el propio encargado de los asuntos de seguridad de Bogotá manifiesta abiertamente a los medios de comunicación, NTN24, que siente miedo de salir a la ciudad. Miopía gubernamental que se niega a asumir la cuota de responsabilidad, que les asiste, en la apremiante necesidad de atacar los hurtos y diversos delitos que impactan a la capital. Minimizar el entorno, esforzándose en hacer creer que las cifras vienen en descenso, no es más que la demostración de la ineptitud que impide reconocer que las cosas no se hacen bien y que las evidencias, que se expanden velozmente en las plataformas sociales, son la cruda realidad de lo que hoy se vive al interior de la sociedad capitalina.
Sucia estrategia de echarle la culpa al vecino no es más que un detonante de la incapacidad para ejercer gobierno con autoridad; ver la viga en el ojo ajeno, y endilgar lo malo a los demás, hace carrera en la burgomaestre que parece más preocupada por el show mediático, que brinda el escándalo y la posiciona en el imaginario colectivo, que en tomar las riendas de una ciudad que se le está saliendo de las manos. Contraposición de la realidad con las cifras de la Secretaría de Seguridad exalta una política de corto circuito con la Policía, diatriba operativa que acrecienta la impunidad, los hechos de violencia, y tiene desbordado el crimen urbano. Errónea táctica de eliminar las líneas de vigilancia por cuadrantes y polarizar los ánimos, de la población contra la fuerza pública, tiene sus consecuencias en la escasa cooperación y denuncia ciudadana que permita desarticular el fenómeno delincuencial.
Urgente es revisar el plan de seguridad, convivencia y justicia que tiene la administración capitalina para abordar los indicadores criminales que están asociados con el importante incremento del desempleo y la alta taza de migrantes en conexidad con los hechos delictivos. Verdad de apuño que puso en el ojo del huracán a la alcaldesa de Bogotá, lejos de la xenofobia, el racismo, el odio, la discriminación o ponerle nacionalidad al crimen, saca a flote el advenimiento de mendicidad que se ha desatado con ciudadanos patriotas en todos los barrios de la ciudad. Peligrosa estigmatización que se constituye en una bomba de tiempo, señalamiento de deportación y expulsión que enciende las alarmas y pide mano firme del gobierno, nacional y local, con los sujetos capturados en diferentes actos delictivos, 2.936 del país bolivariano.
Hurto de celulares, locales comerciales, bicicletas, vehículos y residencias, sumado al homicidio en TransMilenio, el asesinato de un joven por robarle una gorra en el sur de Bogotá, o los disparos a quema ropa en diferentes actos, son una clarividencia de la penetración del crimen en el colectivo social. Problema que le hace la vida a cuadritos a la mandataria capitalina, pero no la lleva a fijar una hoja de ruta para aplicar todo el peso de la ley a quien corresponde; imperioso es desarrollar, en conjunto con las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, un proyecto de ley que endurezca las penas a los delincuentes. Anuencia de autoridades con el delito propicia destrezas criminales que rayan la impunidad y reincidencia de actores con órdenes de captura vigente por hurto agravado y calificado.
Bandas rodantes en taxis, motos y bicicletas llevan por su cuenta raponazo de joyas, bolsos y celulares, circulación indiscriminada de armas blancas y de fuego desata el miedo generalizado que encrespa los ánimos. Indicadores de inseguridad que no pueden ser comparados con antecedentes de 2.019, pues el 2.020 es un año atípico en todas las métricas a consecuencia de la Covid-19; percepción vs realidad que pregunta ¿dónde está la alcaldesa? Perentorio es un aumento del pie de fuerza en Bogotá, reactivación de los Centro de Atención Inmediata –CAI– (esos mismos que vandalizaron en las protestas de septiembre), y la circulación motorizada permanente de la Policía. Devolver la confianza al ciudadano para que denuncie tiene que estar secundado del apoyo y acompañamiento de la autoridad para que aborde uno de los mayores problemas de los bogotanos.
Confrontación de la administración capitalina con el gobierno central y sus instituciones es insostenible, divergencias ideológicas actúan como pólvora incendiaria que atomizan el problema social de miles de ciudadanos, nacionales y extranjeros, que con cédula en mano están exigiendo subsidios en la etapa de crisis que atraviesa el mundo por la pandemia. Situación prominente que requiere de medidas impopulares, pero necesarias que permitan combatir el crimen y reducir las cifras por hurtos y otros delitos; deportación de ilegales más que persecución y un discurso que lastima, como lo han querido hacer ver, es la consecuencia de un supuesto desmitificado por el modus operandi que vincula a ciudadanos extranjeros con el fenómeno circunstancial en Bogotá.
Haberes electorales de la burgomaestre capitalina están primando sobre el interés general y andan a la cacería de polémicas que le den protagonismo mediático; discurso mamerto que rompe mesura y toma de flanco en septiembre a la Policía, en octubre a los venezolanos y en noviembre tendrá otro objetivo, declaraciones que cuestionan y atizan el inconformismo social que puede desencadenar consecuencias incalculables a nivel político, económico y poblacional. Clima de tensión que exacerba reacciones de doble moral que hablan de enemigos internos y victimizan al criminal para atacar el estamento democrático y sacar réditos en los próximos sufragios.
Ilusionismo que dice tener un preludio de revolución pacífica que dignifica la justicia social más allá de una narrativa oportunista del momento, discurso que pretende conducir a eliminar el resentimiento que se extrapola en plaza pública y los escenarios mediáticos. Eje sociopolítico, distante del concepto ético de la moral, a la cacería de chivos expiatorios con los cuales atribuir hechos y palabras que opaquen la imagen política, de contrincantes partidistas, en corrientes de la opinión pública. Apertura al debate que democratice las bases de apoyo hasta ahora sectarias que impide la expansión de un lenguaje público que fortalece la construcción conjunta de soluciones para una sociedad en crisis.
Seguridad, movilidad, salud, rebrote, recompensas, accionar de la Fuerza Púbica, inversión social son temas prioritarios de la agenda pública de los cuales debe hacerse cargo, y asumir como propios, la mandataria del Palacio de Liévano, política que dignifica la vida sin absolutismos propios de las alianzas glaucas y quienes fungen como próceres humanistas. Radicalismo absorto que quiere extremar el discurso contra la Casa de Nariño desde la arrogancia y prepotencia que se disfraza de franqueza, tiranía intransigente y resentida que impide hacer equipo y denota que, como ha ocurrido con otros gobiernos de izquierda, bien fácil es criticar, pero sumamente difícil es gobernar.
Escuche aquí el podcast de la columna sobre inseguridad en Bogotá:
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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