En el ojo del huracán ha quedado trasfondo del pronunciamiento del icónico líder de la extrema derecha colombiana que antes que ser una intimidación a la justicia, burlarse de la democracia o querer acabar el Estado Social de Derecho, como lo han tildado teorizantes de izquierda o social demócratas, es un llamado a sacar a flote cuestiones neurálgicas del cambio que requiere Colombia. Secreto a voces es que un amplio porcentaje de los ciudadanos están ávidos de un mecanismo que permita ajustar a la realidad el acuerdo de paz, ciegue los poderes plenipotenciarios de la JEP, atienda el anquilosamiento del legislativo y tome con pinzas la metempsicosis política y jurídica que truncan una construcción de futuro apaciguado en la nación.
Más que ahondar en la polarización del país, el terremoto que significa la propuesta de transformación siembra incógnitas sobre la idoneidad de la clase política para auto-reformarse. Violación de la voluntad popular quedó plasmada en el plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2.016 y el conejo que se le hizo a la victoria del ¡No! en las urnas, pero no es de menor calado lo complejo que resulta el impulsar reformas constitucionales que alcancen el umbral previsto por la carta magna; voluntad legislativa para sacar avante iniciativas de interés poblacional tiene fuertes antecedentes en la consulta anticorrupción y demás alternativas que se engavetan en el trámite al interior del parlamento. Peligro de la proposición está en los oscuros intereses que acompañan a quienes torpedean el sistema desde principios y propósitos humanistas o fungen como líderes alternativos.
Madurez democrática colombiana ha desmitificado insinuaciones que quieren hacer creer que el pueblo vota berraco y desinformado, electorado colombiano tiene claro que las estrategias políticas, de todos los bandos, están distantes de aquello que la gente requiere. Complejo es el escenario donde existen las leyes y los medios necesarios para su aplicación, pero reinan los intereses de los corruptos que quieren conducir a la Nación a una guerra civil que no permita avanzar al país. Los días y los hechos han demostrado que para verdades el tiempo, frágil memoria ciudadana da certidumbre de la urgente necesidad de fortalecer la educación y concentrar esfuerzos en valores y principios éticos que den un portazo a las aspiraciones de oportunistas caudillos que se niegan a dar un paso al costado, o dejan su legado en los descendientes generacionales.
Constitución de 1991 es un sólido ejercicio democrático que permitió a Colombia ajustar su esqueleto republicano a la coyuntura que implicó la reinserción del M-19 y la confrontación con las estructuras de los carteles del narcotráfico, pero ya no se acomoda a la realidad de una Nación que, en una alta proporción, quiere “santificar” a las FARC, atragantarse con sapos de enormes proporciones, y hacerlos parte de la vida democrática sin que paguen las penas que les corresponden por sus delitos, muchos de lesa humanidad. Retroceso histórico conlleva a seguir en las mismas y agudizar un estado de opinión en el que el pueblo siente le piden participar y votar, pero al final son los honorables legisladores y las jerarquías jurídicas quienes cambian los principios, por los que se sufragan, por aquellos que colindan con sus propios intereses y beneficios.
Articulación de la realidad colombiana convoca a replantear la relación entre cada una de las esferas del colectivo social y el entorno, volver al origen de la cultura y encontrar los valores comunes que permiten la construcción de la nación. Libertad de pensamiento otorga hoja de ruta a la defensa de una sólida democracia como la colombiana, irreconciliable es el divorcio de la clase política con las necesidades del constituyente primario; exabrupto es querer aumentar la burocracia, con 12 curules en el Senado, en un momento en que el llamado a apretar el cinturón, en medio de la crisis económica, espera una reducción de parlamentarios y ajuste a la onerosa demanda salarial, gastos de representación y unidades de trabajo legislativo que desangran el erario.
Construcción de la paz articulada desde la verdad no admite que ahora se trace línea de impunidad a bandidos para que, a partir del artilugio de la palabra, indilguen culpas a líderes desaparecidos con promesas de ser eximidos de penas privativas de la libertad. Derrotero experimental del acuerdo imperfecto de La Habana hace evidente una urgente reforma a la implementación de lo firmado, marco jurídico que no deje puntos de fuga a negociaciones con el ELN. Acoplamiento de la autenticidad y veracidad requiere de acciones, pruebas puntuales, compromisos razonables y auténtico arrepentimiento de los actores del conflicto armado; carta de confesión solo busca de un plumazo radicalizar la política y desestabilizar el Gobierno.
Confluencia de factores obliga a mirar la connotación y propósitos de la minga indígena, protesta con plan de gobierno y corriente política opositora implícita que concentra la discusión en temas recurrentes: asesinatos de “líderes sociales”, extralimitación de la Fuerza Pública y sustitución de cultivos ilícitos sin erradicación. Violencia enconada en territorios ancestrales conexa a vínculos noc-santos de las comunidades con los cultivos ilícitos y el lucrativo negocio cocalero; antes que estigmatización o lucha de dignidad, lo que se observa al interior de la protesta es una testaruda convicción de endilgar responsabilidades proteccionistas al Gobierno sin asumir la cuota responsabilidad que les asiste, en el camino recto y autoabastecimiento para su subsistencia. Debate de temas estructurales que se desdibuja en posiciones intransigentes y el llevar el diálogo a las vías de hecho.
Lazo circunstancial que abre espacio a disidencias liberales que, con sello oportunista, ahora se constituyen en social demócratas a la cacería de votos y concurrencia de intereses de cara a los comicios de 2.022. Lúgubres personajes que desde ejes del desempleo y la desesperanza del ciudadano quieren espolear el ambiente de sectores académicos, estudiantiles, sociales y profesionales que les dan conexidad con humanistas, líderes alternativos y alianzas glaucas. Desmarcación, del presente político, fundamentada en cinco propuestas que como parlamentarios se han negado a impulsar: renta básica a sectores desfavorecidos, extensión de subsidios a la micro y pequeña empresa, programas de reactivación del empleo, educación pública y alivios a deudores ICETEX, y presencialidad del congreso y reducción salarial del parlamento.
Populismo y demagogia que está a la pesquisa de puntos comunes que despierten simpatías en el cuerpo electoral colombiano, agenda temática anticipada que abre el partidor de la carrera presidencial torpedeando la labor gubernamental que tiene 22 meses para leer el país, comprender el entorno, revertir la crisis que deja la pandemia y fijar un derrotero en el corto, mediano y largo plazo. Daño hace al País caer en el juego de promesas ideales imposibles de ser llevadas a la realidad desde un Referendum, protestas que incitan a la violencia, desatan el caos y asisten culpas al Gobierno, palos en la rueda sustentados en propuestas ideales; disrupción política que recrudece la polarización ideológica del colectivo y contribuye al clima de hostilidad social que no permite concentrar esfuerzos en la unión social que conlleve a enfrentar las vicisitudes del momento.
Escuche el podcast de la columna aquí:
Columnas anteriores
Colombia, entre el mito y la realidad
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
